29 de octubre de 2009

El Nuevo Dia

El senador Jorge Suárez denunció ayer un posible conflicto de intereses del ex dueño de concesionarios de autos y ahora legislador, Antonio "El Chuchin" Soto, quien presentó dos medidas relacionadas con ese tipo de negocio.

El Proyecto 686 dispone que en la subasta de redistribuidores de vehículos sólo participen personas autorizadas por el Gobierno o un concesionario y el 1012 propone eliminar el requisito de las declaraciones juradas al vender un auto. Ambos fueron discutidos ayer en vista pública de la Comisión de Urbanismo e Infraestructura del Senado.

"él debería ser un poquito más cuidadoso para que no levante dudas de conflictos de interés sobre medidas de esta índole", dijo Suárez, quien participó de la vista pública.

Aunque se ha alegado que un hijo del senador vende autos en Arroyo, lo que de ser cierto sería -según Suárez- "un conflicto de intereses directo", Soto negó que alguno de sus hijos esté relacionado con ese negocio. Agregó que ya no participa de esa actividad.

Soto operó por años un negocio de venta de autos y a eso debe su apodo.

Al defender ambas medidas, el legislador dijo: "Yo no hago proyectos para beneficiar mi peculio personal y el de mi familia. Es para beneficiar al pueblo".

¿No hay conflicto de intereses?, se le preguntó. "Yo no te puedo permitir que haya conflicto de interés", sostuvo.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Urbanismo e Infraestructura, Larry Seilhamer, declinó comentar sobre el posible conflicto de intereses de Soto porque es un asunto que él podría atender en otro escenario.

"Soy miembro, vicepresidente de la Comisión de ética. Si alguien plantea ese argumento no quisiera prejuzgar", dijo Seilhamer. "Yo he descargado la responsabilidad de la comisión de evaluar las medidas en los méritos, independientemente de que Soto es el autor".

Agregó que tiene reparos con ambas propuestas. Señaló que el Proyecto 1012 no recibirá un informe positivo -lo que dificulta que sea convertido en ley- ya que el actual requisito de la declaración jurada "es una garantía a la pureza del proceso" y eliminarlo "no representa ningún ahorro significativo".

Mientras, el Proyecto 686 será modificado "porque no podemos prohibir al ciudadano común que tenga la oportunidad de adquirir un vehículo, siempre y cuando sea para su uso personal. Es la posición del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) y nosotros coincidimos".

Rafael Cabrera, del DTOP, también se opuso a eliminar las declaraciones juradas. "Tiene que haber una declaración jurada para proteger al consumidor", respondió a preguntas de los senadores Suárez y Seilhamer.

El Departamento de Justicia rechazó el proyecto de las subastas y originalmente apoyó el de la declaración jurada. Pero, al escuchar la postura del DTOP, sus representantes pidieron tiempo adicional. El Departamento de Asuntos del Consumidor apoyó las medidas.

"La intención legislativa debe ser reducir el fraude", dijo, por su parte, Luis Rivera Martínez, de la Asociación Independiente de Dealers de Automóviles, al oponerse a ambos proyectos.