27 de octubre de 2009

La Opinion

"¿No puede dar los pagos de su casa? ¡No se preocupe!", afirma una voz en una estación de radio. "Nosotros le ayudamos a que baje su mensualidad", continúa. "Sólo llame al número telefónico...".

Así se promocionan algunos estafadores de préstamos hipotecarios, actividad ilícita que se ha hecho más común en la medida en que aumenta la tasa de embargos de vivienda.

Pare prevenir este delito, una coalición de agencias gubernamentales, organizaciones sin fines de lucro e instituciones financieras lanzó ayer una campaña nacional de educación pública — a la cual se sumó la ciudad de Los ángeles— que se enfoca en minorías y grupos vulnerables.

Denominada "Alerta de fraudes de modificación de préstamos hipotecarios", ayudará a que propietarios de vivienda encuentren asesoría adecuada, eviten ser víctimas de fraude y denuncien abusos.

"Los estafadores de modificaciones hipotecarias son una epidemia nacional, no debemos esperar a que más familias pierdan sus hogares para tomar acción", apuntó Eileen Fitzgerald, jefa de operaciones de NeighborWorks America.

Cifras de la Alcaldía indican que en los últimos dos años 28,000 hogares han sido embargados en esta ciudad. El Distrito 7, que abarca el Valle de San Fernando, ha sido uno de los más afectados.

"Tenemos que atender el problema porque se pronostica que habrán otros 4 millones de embargos [a nivel nacional]", alertó el concejal Richard Alarcón.

De acuerdo con la Comisión Federal de Comercio (FTC), de los miles de fraudes hipotecarios registrados en el estado, la mayoría se cometió en el Sur de California y sus víctimas fueron hispanos, afroamericanos, asiáticos y ancianos.

Este delito, precisó Tom Syta, director asistente de la región occidente de FTC, se ha convertido en una "gran preocupación" para el sistema judicial, que tiene en la mira a abogados, notaries públicos y agencias de bienes raíces.

"Los estafadores están afuera tratando de aprovecharse de la gente que está atravesando por una situación difícil", dijo Syta.

En abril, el Concejo Municipal aprobó una ordenanza que incrementó los mecanismos de protección para propietarios de casas, llenando un resquicío legal en la reglamentación de consultores hipotecarios y la definición de los derechos de los propietarios en riesgo de un embargo.

Dicha iniciativa, la primera en su tipo en el país, impone severas penalidades a estafadores.

La asesoría en la campaña, que se ofrece por medio de grupos de ayuda legal, instituciones financieras y consejeros del Departamento Federal de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD), es gratuita.

Los consejos para no caer en las garras de los estafadores son: no pagar el servicio por adelantado, sólo enviar el pago de la hipoteca a su institución crediticia, evitar firmar documentos y no proporcionar información financiera por teléfono o internet.

"Esta campaña les ahorrará dinero y sentará las bases para un mejor futuro", sostuvo el alcalde Antonio Villaraigosa.