27 de octubre de 2009

El Vocero

Mientras las autoridades federales y estatales anuncian con bombos y platillos una extensa investigación del fuego en la finca de tanques de combustible de la Caribbean Petroleum Corporation, en los archivos del Departamento de Justicia yace en el limbo desde hace años una natimuerta pesquisa sobre cuál fue el rol de la empresa y sus poderosos aliados en lo que presuntamente es el fraude más grande perpetrado contra el erario boricua. Ello gracias a una estrategia que redefine el concepto de destrucción de documentos públicos.

Una extensa investigación de EL VOCERO encontró que funcionarios de Justicia consolidaron en mayo de 2005 ocho distintas investigaciones de irregularidades en las operaciones de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y así archivaron –sin investigar– la falsificación de miles de certificados de calidad del combustible que se importó a la Isla por varios años, así como otro mega escándalo en el cual alegadamente también están implicados una serie de poderosos empresarios y compañías de allegados de los ex gobernadores Sila M. Calderón y Aníbal Acevedo Vilá.

Esta maniobra, que tuvo lugar en etapas, eventualmente permitió usar como pantalla la radicación de cargos criminales por extorsión contra dos empleados de poca monta de la AEE, y así dar por terminado en el 2007 el referido hecho por el contralor, Manuel Díaz Saldaña cinco años antes. El referido del Contralor, con fecha de marzo de 2002, detalla la falsificación masiva de certificados de calidad de combustible, fraude que alegadamente le costó a los abonados de la AEE más de $500 millones. Aunque este fraude supuestamente también impactó a otros compradores privados de combustible, como gasolineras, Justicia aparentemente nunca investigó este ángulo.

En los archivos de Justicia tampoco aparece evidencia de que entre el 2002 y el momento de consolidación de los casos en el 2005 se hubiesen investigado los hallazgos de fraude documentados por el Contralor, así como por el tribunal de apelaciones en Boston, y la corte federal de quiebras en Delaware.

Con la consolidación de los casos, Justicia también archivó sin investigar la alegada interferencia indebida en la compra de turbinas para el proyecto de ciclo combinado de las unidades 5 y 6 de la planta de termoeléctrica de San Juan, esfuerzo más conocido como el proyecto de repotenciación.

El complejo esquema salió a relucir luego que a insistencias de EL VOCERO el actual director de la División de Integridad Pública de Justicia, Ignacio Morales, comenzó a indagar cómo y por qué se había cerrado el expediente de lo que se suponía fuese un caso concluido para sus efectos, pero que aparece pendiente de resolución en la Oficina del Contralor.

Consolidados e invisibles

Copia de documentos obtenidos por este diario confirman cómo oficialmente todas las investigaciones de las irregularidades en la AEE se fusionaron el 17 de mayo de 2005 cuando la fiscal Aida Rivera Caratini, quien dirigía la División de Integridad Pública (DIP) le escribió a la fiscal auxiliar Sonia Polanco Viera de la oficina de Asuntos del Contralor diciendo que a la luz de un informe de la comisión conjunta sobre informes especiales del Contralor del Senado "sobre el proyecto de repotenciación" de la planta generatriz de San Juan rendido en septiembre del año anterior se iban a consolidar los expedientes bajo la sombrilla del DIP.

"Estos documentos están estrechamente relacionados con varias investigaciones que se están realizando en nuestra división sobre la Autoridad de Energía Eléctrica, entre ellas el proyecto de repotenciación de la Central San Juan; químico Richard Concepción, Ingeniero Carlos Salichs; Indutech; Induchem; Avengoa (sic) y Bekton (sic) Labs. Estas se encuentran muy adelantadas y en algunas de ellas ya se han sometido cargos criminales," escribió Rivera Caratini bajo el encabezamiento de "informe de auditoría CP-02-26".

Curiosamente, el CP-02-26 no menciona ninguno de los individuos o empresas citadas por Rivera Caratini. Aún más significativo es que para entonces nadie había investigado la repotenciación de la planta de San Juan. De hecho, no fue hasta septiembre de 2006 que la Cámara de Representantes le refirió a Justicia las irregularidades que dijo había desenterrado en la adquisición de las turbinas. Y, por su parte, una portavoz del Contralor confirmó recientemente que todavía los auditores no han terminado su examen de la polémica repotenciación.

Ni Rivera Caratini, ni Polanco Abreu contestaron las llamadas de EL VOCERO a sus respectivas fiscalías, pero confrontado con esta información Morales admitió que Justicia sólo miró los delitos cometidos por el químico de la AEE, Richard Concepción y uno de sus colaboradores Carlos Salichs. "Los únicos casos que se cerraron fueron los de Concepción y el de Salichs, uno sus colaboradores," admitió Morales, quien en entrevistas previas había insistido en que el fraude cometido por Caleb Brett y algunos de los suplidores de la AEE documentado en el CP-02-26 se había cerrado apropiadamente en el 2007.

Sin preguntas para nadie

Pero para la sorpresa de Morales ambos casos fueron cerrados sin investigar ni entrevistar testigos alegadamente claves, según confirmó Morales. "No aparece ninguna gestión," dijo el funcionario. Entre los posibles testigos a los cuales admitió nunca se entrevistó están el ex primer cónyuge y zar económico de la gobernadora Sila M. Calderón, Ramón Cantero Frau y su socio César Figueroa, el ex senador popular y ex candidato a comisionado residente, Roberto Prats Palerm, el ahora convicto ex vicepresidente de la junta de gobierno de AEE y ex presidente interino de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados Miguel Nazario Franco. "En lo que he visto hasta ahora no he visto ninguna entrevista con ninguno de ellos," afirmó Morales.

Los récords de Justicia tampoco mencionan a CAPECO, pese a que esta empresa y uno de sus ejecutivos, Norberto Sepúlveda, fue claramente identificado en una opinión del tribunal en Boston como la persona que en diciembre de 1994 trató de presionar a la gerente del laboratorio Caleb Brett en representación de "Capeco/Vitol" para que falsificara la calidad del combustible que le estaban vendiendo a la AEE y así poder cobrar más caro por un combustible de inferior calidad y por ende mas barato.

Este incidente dio lugar al despido de la gerente Migdalia Negrón, lo cual a su vez destapó el esquema de falsificaciones, cuando la persona que regía las operaciones de Capeco era Cantero Frau, quien fungía como vicepresidente, principal oficial financiero y miembro de la junta de directores de la refinería y de las compañías asociadas, incluyendo la empresa matriz, First Oil International, incorporada en las Islas Vírgenes y con sede en Londres.

Según su propio historial de trabajo, Cantero Frau estuvo al frente de las operaciones de Capeco hasta abril de 1995 cuando renunció, pero se quedó cinco meses más en la nómina del empresario israelí Gad Ze’evi como consultor de First Oil hasta septiembre de ese año. Siete meses más tarde, Cantero Frau entró por su cuenta en el negocio del petróleo fundando, TCM Energy, y asociándose para ello con otro ex ejecutivo de Capeco, César Figueroa.

En el pasado, Cantero Frau ha negado en repetidas ocasiones cualquier vínculo con cualquier irregularidad cometida en la difunta refinería.

AEE también tira toalla

El referido de Díaz Saldaña tuvo un efecto inmediato, no en Justicia, pero en la AEE donde luego de años de evadir el tomar acción en el caso de las falsificaciones, la corporación súbitamente acudió a la corte federal en San Juan para demandar por conspiración al laboratorio y a un corredor de petróleo que había dejado de suplirle combustible años antes. Este pleito por conspiración y fraude, sin embargo, tiene una peculiaridad, deja fuera a Capeco y a uno de sus clientes, el corredor de petróleo suizo Vitol. En su lugar, la AEE identificó como co-conspirador solamente a Delphi Petroleum, un corredor petróleo de Nueva Jersey, que para entonces llevaba años sin venderle combustible a la compañía de la luz. De hecho, cómo y cuándo fue que Delphi participó en el esquema de los certificados falsos, nunca se aclaró en el litigio que la AEE eventualmente transó por menos dinero de lo que se gastó en abogados.

ésta, sin embargo, no fue la única ocasión en que Justicia le hizo caso omiso a las señales de problema en las operaciones de Capeco. Una de las consecuencias de la quiebra a la cual la empresa y sus subsidiarias se acogieron en diciembre de 2001 en Delaware fue que puso un foco de 1,000 kilovatios en la compleja maraña que la empresa había entretejido para sacar dinero de la Isla sin pagar contribuciones.

Pese a que para cuando llega el informe de auditoría CP-02-26 a Justicia ya el caso de quiebras llevaba meses ventilándose, la entonces secretaria de Justicia y ahora jueza del Tribunal Supremo, Annabelle Rodríguez, le dio aval a una negociación secreta entre el Departamento de Hacienda y los abogados de alto vuelo de Capeco condonándole a la empresa $159 millones de una deuda de $191 millones, y así reduciéndola a sólo $32 millones.

Justicia tampoco prestó atención a los distintos informes de los investigadores de la corte federal de quiebras de cómo las ganancias hechas en Puerto Rico se convertían en pérdidas y eventualmente se transferían a las llamadas corporaciones de maletín (shell corporations) creadas por Ze’evi en paraísos fiscales donde están libres de pagar contribuciones.