15 de octubre de 2009

El Nuevo Dia

SANTO DOMINGO— La Cámara de Diputados dispuso hoy que una comisión estudie un proyecto de ley, propuesto por uno de sus miembros, que obligaría a cada dominicano o extranjero a pagar por ir o bañarse en una playa.

El legislador Eugenio Cedeño propone que las alcaldías de cada municipio donde están las playas cobre 35 pesos (casi un dólar) a cada extranjero mayor de doce años que se hospede en los hoteles de los polos turísticos y 17.50 pesos (casi 50 centavos de dólar) a cada dominicano bañista o vacacionista como contribución para mantener limpio el lugar.

Los dominicanos o extranjeros que no paguen serán llevados a la cárcel o tendrán que pagar una multa, plantea el proyecto.

La propuesta, además, establece sanciones para la violación de cada una de las prohibiciones que fija, con multas que van desde medio mes de salario (equivalentes a unos 150 dólares) hasta prisión desde cinco días a dos años.

Además, a los extranjeros que violen la ley serán condenados y deportados del territorio dominicano.

Las medidas de cárcel se contemplan, en el proyecto, para las personas con edades entre 18 años y 60 años.

El derecho ciudadano a visitar las playas es un tema de debate en estos días en la nación caribeña de amplia vocación turística luego de que en la Constitución se garantizara el derecho a la propiedad privada en playas y ríos.

La actual ley garantiza el libre acceso a todas las playas y ríos del país.

Empujados por el creciente turismo, uno de los soportes de la economía dominicana en la última década, en los últimos tiempos los complejos hoteleros tienen cada vez más control de las zonas playeras y personas suelen confrontar eventualmente problemas para transitar por esos lugares.

El presidente Leonel Fernández comentó el viernes que el espíritu de la nueva ley "es que dentro del dominio público de playa se respete el derecho privado, que en este caso tiene que ver con el desarrollo de la industria turística".

Fernández sostuvo que el país necesita proteger la industria turística, insistiendo que "el acceso a todos los ciudadanos nadie lo está restringiendo".