28 de septiembre de 2009

El Nuevo Dia

La jueza Isabel Llompart, del Tribunal de San Juan, sentenció a seis años de cárcel a la banquera Nancy Hernández Chávez. La togada había dictado un receso tras escuchar los argumentos de cierre de los abogados José Andreu Fuentes y la fiscal Wilda Nin. presentencia, que contenía 37 páginas, recomendaba una pena en cárcel.

En su exposición de aproximada mente una hora, el licenciado Andreu Fuentes insistió en que Hernández Chávez merece una sentencia suspendida porque no representa un peligro para la comunidad.

El abogado argumentó que su clienta no tiene antecedentes penales y que no existe evidencia que demuestre que tiene un problema de conducta que requiera reclusión carcelaria.

Sobre la denuncia de la madre de Hernández Chávez por una deuda de pensión alimentaria, Andreu Fuentes dijo en sala que fue la propia Bertha Chávez quien renunció voluntariamente a ese pago. Insistió en que la ley que impide que deudores de pensión alimentaria se beneficien de una sentencia suspendida se refiere a casos que involucran menores.

Como parte de ese argumento, el abogado agregó que Hernández Chávez entendía "moralmente que su madre no tenía derecho a pedir la pensión". Relató que Bertha Chávez abandonó a su hija cuando tenía siete meses de nacida y no fue hasta 40 años después que la banquera inició gestiones para conocerla y viajó a Cuba, desde donde la trajo a vivir a Puerto Rico y le compró una casa.

Recalcó que, aunque los informes que se presentan recomiendan cárcel para lograr su rehabilitación, la convicta presidenta del desparecido New York Mortgage Bankers ya aceptó su culpa y ha mostrado arrepentimiento en todas las etapas del proceso.

Andreu Fuentes rechazó que se tome en cuenta el sufrimiento causado a los perjudicados y anticipó que su representante se comprometería a restituir el dinero a los perjudicados en caso de que se le otorgue una sentencia suspendida.

"No estamos aquí para evaluar el sufrimiento de los perjudicados, que sabemos que son muchos", manifestó.

La fiscal Nin, por su parte, fue breve. Reiteró que la sentencia suspendida se concede como un acto de gracia y no como un derecho, y aclaró que aunque Hernández Chávez se declaró culpable de un delito por violación a la Ley de Instituciones Financieras en realidad cometió 23 acciones delictivas.

La representante del Ministerio Público insistió en que la convicta tiene varios problemas de conducta, entre los que se encuentran el no reconocer las consecuencias de sus acciones.

"Si el tribunal acepta que se allane a una restitución y a una probatoria está diciendo que si uno tiene dinero, tiene probatoria, y eso es peligroso porque ella no ofreció una restitución cuando hizo el alegato de culpabilidad", sentenció Nin.

La fiscal aclaró, además, que la jurisprudencia del Tribunal Supremo establece que si se concede la sentencia suspendida y luego Hernández Chávez dice que no tiene dinero para pagarle a los perjudicados no habría causa suficiente para revocarle la probatoria.