31 de agosto de 2009

El Nuevo Dia

La Cámara de Representantes aprobaría esta semana el proyecto senatorial 347, que aumentaría de $3,000 a $4,000 la cubierta del Seguro de Responsabilidad Obligatorio (SRO) en caso de un accidente automovilístico. El proyecto, que ya fue referido a la Comisión de Calendario, para que baje a votación en el pleno de la Cámara, sería aprobado sin mayores contratiempos, indicó el representante, Carlos "Johnny" Méndez, luego de que el pasado 26 de agosto, las comisiones de Gobierno y Transportación de la Cámara baja rindieran un informe favorable.

El proyecto 347, que ha pasado prácticamente desapercibido en la discusión pública, fue radicado por el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, apenas dos semanas después de haber juramentado al cargo. La medida, radicada en conjunto con el senador Carmelo Ríos, plantea la necesidad de aumentar la cubierta del SRO, de $3,000 a $4,000. Esto, por el alza en el costo de las piezas y los servicios de hojalatería.

Beneficio al consumidor

"La medida va a beneficiar al consumidor por dos lados", dijo Méndez, quien encabeza la comisión de Gobierno en la Cámara baja.

El legislador explicó que el proyecto aumenta la cubierta para el consumidor y, al mismo tiempo, permitirá que Hacienda acceda a unos $72 millones en "fondos remanentes pertenecientes a otros" y que, en realidad, pertenecen a los consumidores.

"(El Departamento de) Hacienda podría utilizar esos fondos para cuadrar el presupuesto o para obras permanentes", dijo el representante.

Agregó que otro aspecto favorable de la medida es que pondría fin a las disputas legales de la Asociación de Suscripción Conjunta (ASC) con el Gobierno y establecería, entre otras cosas, mecanismos específicos para que Hacienda transfiera a la ASC los $99 que cobra cuando los consumidores compran el marbete de sus vehículos de motor.

Pese a que la ASC fue creada por la Legislatura para cumplir con el fin social de asegurar los vehículos de los conductores, por años, esa aseguradora ha entablado demandas millonarias contra el propio Gobierno, alegando que son una compañía privada y que como tal debieran distribuirse libremente los dividendos de esa operación, al igual que cualquier otro ingreso como el exceso de la reserva, que se describe como sobrante.

La ASC se creó mediante ley en 1995 para administrar el SRO y así evitar el cúmulo de casos en los tribunales relacionados con accidentes de tránsito. La medida fue una iniciativa del entonces representante ángel Cintrón. En esa ocasión, se determinó que la ASC estaría integrada por las aseguradoras de propiedad y contingencia que suscriben riesgos de automóviles en Puerto Rico. Estas aseguradoras no aportan dinero a la ASC, pues ésta se nutre de la prima obligatoria de $99 que pagan los consumidores. En cambio, la ASC paga dividendos a sus aseguradoras-miembros hasta un tope de 5%.

Las disputas con el Gobierno comenzaron bajo la administración de Sila M. Calderón, cuando el Estado tomó unos $70 millones de los fondos remanentes pertenecientes a otros. Este dinero pertenece a consumidores que han pagado el seguro de $99 y tienen un seguro privado, pero nunca solicitaron la devolución del dinero.

En el 2007, la corte federal reconoció a la ASC como una entidad privada.

"es un disfraz"

Sin embargo, conocedores de la industria de seguros dijeron, bajo condición de anonimato, que el proyecto "es un disfraz" para beneficiar a las aseguradoras que integran la ASC. De aprobarse el proyecto, las aseguradoras podrían repartirse unos $100 millones.

Según las fuentes, aunque el alza en la cubierta parece meritoria, ésta sólo beneficiaría entre el 2% y el 4% de los asegurados, pues la compensación promedio a los perjudicados ronda unos $800. Dicho dato, ha sido divulgado por la ASC anteriormente.

En tanto, además de darle a la ASC "los poderes corporativos generales de una corporación privada", el proyecto prohíbe que se nombren funcionarios del Gobierno en representación del interés público.

Las fuentes aseguran que el proyecto se dio a instancias de Charlie Rodríguez, quien antes de servir como asesor de Rivera Schatz, fue cabildero de la ASC.

De otra parte, la medida en cuestión no es el único mecanismo que daría carácter privativo a la ASC, pues al presente, esa entidad demandó al Gobierno, solicitando la eliminación de la restricción en el pago de dividendos y alegando el carácter privativo de la reserva que asciende a $169 millones.

Las demandas incoadas en el foro federal y en el foro estatal se radicaron un día antes de las elecciones generales, efectuadas el 4 de noviembre de 2008.

Igualito que la Ley de Cierre

"Esto es lo mismo que la Ley de Cierre. En principio, (el sector privado) decía que era para beneficiar al consumidor y después salió a relucir que el propósito era eliminar la paga doble los domingos. En este caso, el propósito es que se declare a la ASC como una entidad privada", dijo la fuente al señalar que los temas de seguros y de banca son tan técnicos que muchas veces los legisladores no entienden ni se dan cuenta del alcance de lo que aprueban.

A preguntas de este diario, Méndez dijo que permitir que Hacienda acceda a los fondos remanentes evitará la distribución de la reserva.

En cambio, los fondos "remanentes" no tienen que ver con la reserva de la ASC, pues la reserva o sobrante se relaciona con la solvencia de una aseguradora y los recursos que posee para el pago de reclamaciones.

Asimismo, Méndez señaló que la versión de la Cámara sentará en la junta de directores al secretario de Hacienda, pero en el informe radicado por la comisión que preside el legislador insiste en prohibir la participación de funcionarios públicos en ese organismo.