9 de agosto de 2009

El Nuevo Herald

Desesperados por apuntalar el imperio financiero de Allen Stanford, sus corredores miamense viajaron a Sudamérica con una presentación de ventas que según dijeron era como oro para los inversionistas: inviertan en el banco de Miami y fórrense los bolsillos.

Pero Stanford no tenía ningún banco en Miami.

Cuando las autoridades normativas ecuatorianas sospecharon lo que sucedía en el 2005, prohibieron a los corredores de Stanford vender allí sus inversiones y amenazaron con llevarlos a los tribunales.

Pero en la Florida, donde radicaba Stanford, las autoridades normativas ni siquiera sabían lo que pasaba.

De hecho, los investigadores estatales estuvieron entre los últimos en reaccionar ante el enorme fraude, que según los fiscales estafó $7,000 millones a miles de inversionistas de todo el mundo, en su mayoría dinero perdido ahora.

The Miami Herald determinó que la crisis en Ecuador puso al descubierto brechas significativas en el sector de cumplimiento de la Florida, durante el tiempo que la oficina de Miami de Stanford generaba cientos de millones de dólares al año para las inversiones empresariales de Stanford.

La investigación expuso la intensa campaña de la compañía para atraer clientes y recaudar millones, mientras infringía flagrantemente las leyes bancarias del estado.

Y sacudió los cimientos de la red financiera de Stanford años antes que los agentes federales la clausuraran.

Durante años, corredores de la oficina de Miami volaron a Ecuador, haciendo tratos y enviando el dinero directamente al banco de Stanford en Antigua. Los documentos después se destruían en la oficina de Miami.

"Estaban infringiendo las leyes', dijo Diego Garcés, agente a cargo de la investigación por parte de las autoridades ecuatorianas.

La oficina de Miami se creó según un acuerdo especial con las autoridades normativas de la Florida en 1998 como oficina representativa de fideicomisos en paraísos fiscales, la única en su clase.

Los documentos muestran que se permitió que la oficina miamense de Stanford operara sin ningún tipo de supervisión que detectara cheques falsos o lavado de dinero, y nunca se tomaron medidas en su contra.

El caso de Ecuador fue una de las pocas veces que la compañía de Stanford un problema con autoridades normativas antes que este año surgiera el caso penal, en el que Stanford fue arrestado en junio.

De los $7,000 millones de inversionistas que se desviaron, más de $800 millones los generó la oficina de Miami.

Años antes que el público lo supiera, Stanford estaba abrumado por las deudas y presionó a la oficina de Miami, en un lujoso edificio decorado con costosas obras de arte, para que penetraran nuevos mercados en Sudamérica.

La misión fue crucial para la supervivencia de la red financiera de Stanford: para mantener el lucrativo rendimiento prometido en sus certificados de depósito, Stanford necesitaba un flujo constante de fondos de nuevos clientes.

La oficina de Miami siempre había ofrecido certificados de depósito a latinoamericanos que visitaban Miami. Pero ahora daba prioridad a los agentes en otros países.

"Ofrecían seguridad y estabilidad', dice Mark Raymond, abogado de Miami que representa a algunos clientes estafados. "Es el mejor esfuerzo de venta que se puede usar con los inversionistas latinoamericanos'.

Como la oficina de Miami no estaba sujeta a fiscalización, los empleados tenían la libertad de viajar a otros países para vender valores sin informar a las autoridades normativas.

"Podían hacer lo que querían', dice Gonzalo Tirado, de 39 años, presidente de la oficina de Stanford en Venezuela. "La falta de control era asombrosa'.

La campaña de ventas provocó una competencia feroz entre las oficinas que Stanford tenía en algunos países latinoamericanos.

"Aterrorizaban a la clientela', dice Tirado. "Les decían: ‘Si usted tiene su dinero en Venezuela, el gobierno se va a enterar. Si lo tiene en Miami, no' '.

Los corredores de Miami viajaron por lo menos una docena a Ecuador en el 2005, dice Norta Llana, administradora de la oficina de Miami.

La pugna con las autoridades normativas de Ecuador comenzó cuando unos agentes de gobierno interceptaron una carta de Stanford, que causó una sacudida en toda la red. La carta no sólo alardeaba del gran rendimiento de los certificados de depósito, sino que alegaba que la oficina de Miami era un banco. Las autoridades se molestaron.

"Enloquecieron', dijo Steven Riger, de 63 años, vicepresidente de la oficina de Miami que ahora vive en Jacksonville. La carta decía que Stanford era el segundo banco más grande de Ecuador, lo que según Riger era completamente falso.

"No debían hacer eso', explicó.

Poco después, las ventas de certificados de depósitos, la fuente principal de ingresos de Stanford, se cerraron en Ecuador, y los planes de expansión en Perú y en Colombia se cancelaron abruptamente.

Según Tirado, entre las autoridades normativas de Sudamérica comenzó a correrse la voz de los problemas de Stanford.

Durante la investigación que se inició entonces, los agentes encontraron que la carta no solamente era engañosa, sino que los empleados miamenses que volaban a Ecuador infringían la ley rutinariamente aceptando depósitos y saliendo del país sin reportar nada.

La pesquisa dio lugar a intensas negociaciones entre los asesores de Stanford y las autoridades normativas ecuatorianas.

Riger, el ex ejecutivo de Stanford en Miami, dice que varios de sus corredores le suplicaron que buscara la manera de mantener activa la operación en Ecuador.

"Estaban muy afectados', dice Riger. "Trataban de salvar las operaciones en Ecuador'.

Para convencer a las autoridades ecuatorianas, Tirado dice que mandó al ex contralor venezolano Irvin Ochoa a Ecuador, y después a Colombia y Perú.

Mientras las autoridades bancarias de Ecuador investigaban a Stanford, otra entidad oficial se sumó a la investigación y determinó que las compañías de corretaje en Ecuador estaban cobrando comisiones ilegales, según documentos ecuatorianos.

En diciembre del 2005, la entidad impuso una multa de $2,628 y determinó que la mayoría de las prácticas empresariales de Stanford eran ilegales.

Garcés, el agente ecuatoriano, dice que los abogados de Stanford apelaron infructuosamente la decisión de la Superintendencia Ecuatoriana de Compañías.

A pesar de la prohibición de vender certificados de depósito, la oficina de Miami siguió bombardeando a posibles clientes con mensajes electrónicos que promovían esas ventas, dice Santiago Noboa, un regulador que investigó a Stanford.

"No podíamos detener las cartas', dice.

Las cartas también llegaban a otros países sudamericanos, dando lugar a una gran indignación en las oficinas de Stanford en esos países.

Tirado, despedido por Stanford en una agria disputa laboral en diciembre del 2005, dijo que la oficina de Miami estaba robando clientes al banco de Stanford en Venezuela. También dijo que la oficina de Miami no investigaba los antecedentes de los clientes. ‘‘No sabíamos siquiera quiénes eran sus clientes', dice Tirado.

Y describió una acalorada conversación con Nelson Ramírez, director de la oficina de Miami.

"Llamé a Nelson y le dije: ‘No hagas eso, el crecimiento debe ser sólo mediante referencias. Ustedes no saben a quiénes les están enviando mensajes. Tengan cuidado. Si le abren una cuenta a alguna persona expuesta políticamente o a alguien que lava dinero, se van a meter en problemas'.

Ramírez no respondió a repetidas solicitudes de entrevista.

Finalmente, las autoridades permitieron que Stanford reanudara sus negocios en Ecuador sin más sanciones. Colombia le permitió abrir una oficina de corretaje al año siguiente.

Durante toda esa crisis, la compañía esquivó a las autoridades normativas de Estados Unidos.

Las leyes federales indican que las firmas que tienen problemas con la venta de valores en otros países tienen que reportar esos problemas a las autoridades normativas.

Pero Stanford no reveló los conflictos en Ecuador y la oficina de Miami, que operaba sin supervisión, no tenía obligación de reportar nada.

"Era como un hoyo negro espacial', dice Raymond, el abogado miamense que representa a los inversionistas.

Varios abogados de valores dijeron que esas revelaciones frecuentemente dan lugar a investigaciones normativas en Estados Unidos.

Pero en la Florida no pasó nada.

Linda Charity, comisionada interina de la Oficina de Normación Financiera de la Florida, dice que la autoridad del estado estaba restringida por el acuerdo al que llegó con Stanford una década antes.

"En realidad no podíamos hacer nada', dice.

Pero según la ley, los agentes estatales tienen autoridad para investigar cualquier compañía que opinen que est infringiendo estatutos bancarios o de valores.

Cuando los inspectores estatales visitaron la oficina en el 2001 y el 2005, encontraron a empleados destruyendo documentos y enviando cheques en bolsas plásticas al extranjero, marcados como "depósitos'. No se hizo ninguna investigación.

Según el Estatuto 655 de la Florida, solamente las empresas debidamente autorizadas pueden aceptar depósitos y los que infrinjan la norma pueden ser acusados de un delito mayor.

Charity dijo que el estado empezó a investigar a la oficina cuando una visita identificó algunas señales, pero su entidad no tomó medidas y Charity declinó ofrecer detalles de la visita.

Jonathan Winer, ex subsecretario de Estado adjunto que realizó investigaciones de lavado de dinero en el Caribe, dijo que el verdadero problema comenzó años antes con el acuerdo de 1998 en la Florida.

Fue entonces que empezaron las operaciones significativas de Stanford, según Winer. ‘‘Hasta entonces no tenía una verdadera presencia aquí', explica.

Y añade que recuerda cuando se hizo el trato. "En aquel momento yo estaba totalmente perplejo. Yo no me dedicaba a cuestionar las decisiones de las autoridades normativas estatales. Pensaba que sabían lo que estaban haciendo. Me asquea que el estado de la Florida haya permitido que esto ocurra'.