20 de julio de 2009

La Opinion

WASHINGTON, D.C.— Son los más grandes entre los grandes... Citigroup, Goldman Sachs, AIG y los demás gigantes del mundo de las finanzas. Y Barack Obama no quiere saber nada de ellos.

Las regulaciones propuestas por el Presidente crearían instituciones más sencillas, cuyas columnas no tendrían que soportar todo el peso del sistema financiero.

En Washington y Wall Street se las conoce como TBTF, o "too big to fail" (demasiado grandes como para venirse abajo). El problema no es su tamaño. Son compañías tan interconectadas que el derrumbe de una sola puede hacer temblar el sistema financiero del país.

Por ello, el gobierno salió al rescate de Citigroup, Bank of America y el American International Group (AIG), inyectando miles de millones de dólares en sus operaciones.

Empeñado en evitar intervenciones tan costosas en el futuro, el proyecto de Obama quiere que las compañías tan grandes e interctonectadas paguen un precio alto por el riesgo que representan para el sistema.

Hasta ahora, el debate en el Congreso giró en torno al plan del gobierno de poner al Banco de Reserva Federal (Fed) a cargo de estas empresas tan vitales para el sistema financiero. No se ha prestado demasiada atención al potencial efecto de la medida en las instituciones y en la jerarquía del sistema financiero.

Según el proyecto, empresas como Citi, Goldman Sachs y otras que realizan transacciones complejas estarán sometidas a un escrutinio más intenso y deberán tener más bienes y más reservas de efectivo para hacer frente a un período de desaceleración.

También deberán tener preparadas medidas para enfrentar su propia desintegración, con instrucciones precisas acerca de cómo ser desmanteladas rápidamente, sin causar dañinas olas.

En otras palabras, el proyecto de Obama busca hacer que no resulte tan atractivo ser una empresa enorme. Eso representa un punto intermedio entre el sistema actual y una prohibición de todo conglomerado que pueda hacer peligrar el sistema.

"No las vetamos, pero fijamos castigos bastante fuertes" para las instituciones que puedan representar un riesgo para el sistema financiero, indicó Diana Farrell, subdirectora del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca.

"El regulador le puede decir a una institución de este nivel que se asegure de que hay buenas razones para que sea tan grande, o tan interconectada, o tan compleja, porque los castigos podrían anular todos los beneficios que puedan tener, como el costo más bajo del capital", señaló Farrell.

Firmas como Citi y Goldman Sachs podrían aceptar esos términos porque en el mercado global de capitales algunas firmas deben ser gigantescas.

Pero otras podrían optar por reducir su impacto financiero.

"Es una forma muy sofisticada y efectiva de forzar a las instituciones a reducir su tamaño", comentó Karen Shaw Petrou, director y socio de Federal Financial Analytics, firma consultora que asesora a instituciones financieras.

Un conglomerado gigantesco que no es un banco está resistiendo las medidas.

General Electric se opone a las propuestas del gobierno por considerar que refuerza las normas que restringen la combinación de operaciones bancarias con las comerciales. GE tendría que deshacerse de GE Capital, su unidad financiera.

Resta por verse qué tan severas son las condiciones que se fijan. El proyecto de Obama contempla que esos detalles sean analizados por la Reserva Federal y un consejo de reguladores encabezado por el secretario del tesoro. Pero el Congreso tendría que aprobar los parámetros y legisladores de ambos partidos han dicho que no ven con buenos ojos el que la Reserva Federal está a cargo.

Al final de cuentas, habrá instituciones que quedarán en la categoría máxima y no tendrán que dividirse para evitar una supervisión más severa.

Pero otras podrían tener que desprenderse de ciertas operaciones o cancelar sus planes de expansión.

"El impacto de estas regulaciones se verá en la conducción" de las empresas más grandes, expresó John Dearie, vicepresidente ejecutivo de Financial Services Forum, que agrupa a los directores ejecutivos de las 17 instituciones financieras más grandes y diversificadas de Estados Unidos.

El gobierno propone que en las firmas de la máxima categoría rija un sistema que las desmantelaría rápidamente si enfrentan problemas financieros. Actualmente, el gobierno tiene autoridad para intervenir bancos, pero no las grandes corporaciones, que plantean mayores riesgos para la economía.

Bajo el proyecto actual, el Tesoro podría someter a una compañía al proceso de bancarrota y designar un interventor.

Si el cierre de una empresa hace peligrar el sistema, el gobierno podría intervenir.

Anil Kashyap, economista de la Facultad de Economía de la Universidad de Chicago, dijo que la sola existencia de un "plan para el funeral" podría disuadir a algunas empresas a que reconsideren su estrategia.