15 de julio de 2009

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HOUSTON (AP) - Los individuos que se consideran víctimas de un presunto fraude de 7.000 millones de dólares imputado al financiero texano R. Allen Stanford tendrán la oportunidad de narrar su historia durante una audiencia en un tribunal, el mes próximo, determinó el martes un juez.

El juez federal de distrito David Hittner emitió una orden en la que dijo que permitirá a los "miles de víctimas potenciales de todo el mundo" hablar ante la corte o presentar declaraciones escritas, antes de aceptar un acuerdo entre los fiscales y James M. Davis, ex jefe financiero de Stanford Financial Group, con sede en Houston.

El lunes, Davis se declaró inocente durante la audiencia en que se le notificaron los cargos de complot para cometer fraude de valores y de otras modalidades de defraudación, así como de obstruir una investigación de la Comisión de Valores y Cambio (SEC, por sus siglas en inglés).

Pero su abogado ha dicho que el ex jefe financiero de Stanford se declarará culpable de esos cargos mediante el acuerdo, durante una audiencia prevista para el 6 de agosto.

Davis fue acusado el mes pasado, como parte del caso del gobierno federal contra Stanford y los ejecutivos Laura Pendergest-Holt, Gilberto López y Mark Kuhrt.

Todos están acusados de orquestar un fraude masivo de pirámide, al recomendar a los clientes que invirtieran más de 7.000 millones de dólares en certificados de depósito del Stanford International Bank en la isla caribeña de Antigua, así como de usar indebidamente el dinero, en parte para pagar los lujos de Stanford.

Hittner ordenó que el Departamento de Justicia abriera una página de internet, a fin de notificar a las potenciales víctimas sobre la audiencia del mes próximo. La página da también información sobre la forma en que las víctimas pueden, hasta el 31 de julio, llamar o enviar comentarios por correo electrónico sobre el arreglo, así como pronunciarse sobre si desean hablar en la audiencia.

Entre las presuntas víctimas de Stanford figurarían numerosos latinoamericanos. El banco tenía operaciones en países de la región, incluidos Colombia, Ecuador, México, Panamá, Perú y Venezuela.