10 de julio de 2009

La Opinion

Cuarenta y dos personas fueron acusadas de un fraude cercano a los 4,6 millones de dólares, el mayor en la historia del estado, contra Medi-Cal, el seguro de salud que California ofrece a personas de bajos ingresos.

El anuncio fue hecho ayer por el fiscal federal del distrito central de California, junto con autoridades de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y otras agencias del orden. Veinte de los acusados fueron detenidos.

"Creemos que éste es el mayor caso de fraude contra Medi-Cal en California", anunció Thomas P. O'Brien, fiscal federal para el Distrito Central de California.

"Estas personas no solamente engañaron a los contribuyentes sino que pusieron en riesgo las vidas de jóvenes a quienes prometieron proteger", agregó O'Brien.

Priscilla Villabroza, una enfermera registrada, identificada como líder del grupo que dirigía la empresa Medcare Plus Home Health Providers de Santa Fe Springs —al sureste de Los Angeles— se declaró culpable de cinco cargos de fraude en una corte federal el año pasado.

Según la acusación, entre agosto de 2004 y finales de 2007 Villabroza y otros asociados contrataron personas sin licencia para proveer servicios a pacientes discapacitados de Medi-Cal, facturando como si los servicios hubieran sido prestados por enfermeros registrados.

Los pacientes eran visitados en sus casas o sus escuelas por personas sin licencia que les suministraban servicios de enfermería e incluso medicamentos y alimentación por tubos.

Padres y pacientes informaron a las autoridades que los "enfermeros" carecían de habilidades básicas. En un caso, uno de los acusados no pudo volver a colocar un tubo de traqueotomía que se había zafado del cuello de un de paciente. En otra situación, una "enfermera" se retiró al no tener la capacidad de resolver una situación médica.

En la acusación se incluye a Susan Bendigo, enfermera certificada y asistente de Villabroza, quien fue acusada en 2008 y huyó del país.

Villabroza, Bendigo y otros supervisores dieron instrucciones específicas a los contratados para que mintieran ante los padres de los niños, ocultando su falta de preparación y en algunos casos asegurando que eran enfermeros licenciados.

Los acusados podrían enfrentar hasta 20 años en una cárcel federal.