30 de junio de 2009

La Opinion

La Corte Suprema de la nación devolvió ayer a los estados el derecho a demandar a los bancos, incluso a las grandes instituciones nacionales, por violaciones a las leyes estatales, una prerrogativa que habían perdido en 2005 debido a un reglamento de la administración de George W. Bush.

Organizaciones de defensa de los consumidores estaban de plácemes ayer con la decisión en el caso Cuomo vs. Clearinghouse Association and the Office of the Comptroller of the Currency (OCC), asegurando que esto beneficiará los derechos de los clientes bancarios.

"Esta decisión es una victoria para los contribuyentes, que han sufrido enormemente debido a las prácticas abusivas de negocios, sobretodo en cuestiones de préstamos", declaró Kathleen Day, del Centro para Préstamos Responsables. "Muchos estados trataron de atacar prácticas prestamistas peligrosas pero los reguladores federales los limitaron al decidir en 2005 que las leyes estatales no aplicaban a los bancos vigilados por el gobierno federal".

Curiosamente, este caso fue emprendido en el año 2005 por el entonces fiscal general de Nueva York Eliot Spitzer, luego gobernador defenestrado del mismo estado.

Spitzer había observado que muchos bancos ofrecían un desproporcionado número de préstamos de alto interés a hispanos y afroamericanos y solicitó a los mismos más información sobre sus prácticas. La respuesta de los bancos fue demandar y acudir al gobierno federal, bajo Bush, para que impidieran a los estados jurisdicción alguna sobre sus prácticas.

"Por años los estados habían estado intentando regular las prácticas de préstamos hipotecarios de las subsidiarias de bancos nacionales y el regulador federal los había coartado. Cuando Spitzer pide la información van más allá y les presentan demanda", señaló ayer Mark Savage, abogado de la organización Consumers Union, con sede en el norte de California.

La demanda de los bancos ganó en el tribunal de primera instancia y luego fue reafirmado por el circuito de apelaciones, pero ahora la Corte Suprema revirtió el reglamento que ponía en el gobierno federal y la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC) toda autoridades para regular a los bancos.

Pero la Corte Suprema afirmó que no se trata de regular, sino del derecho que tienen los estados individuales en aplicar sus propias leyes. La decisión del Supremo fue de 5 a 4 y la opinión de la mayoría fue articulada por el juez Antonin Scalia.

Uno de los argumentos a favor de la intervención de los estados es que el gobierno federal y la OCC habían fallado en investigar y limitar los abusos de los bancos y los casos de préstamos discriminatorios y abusivos.

Algunos activistas señalan que esta falta de control sobre los bancos ayudó a disparar los abusos que llevaron a la proliferación de préstamos subprime. La OCC argumentó que aplicar estas leyes estatales añadiría "cargas y costos" a los bancos estatales y la necesidad de añadir personal y gastar más.

"La OCC se dedica generalmente a asegurarse que los bancos estén en buenas condiciones, no a proteger a los consumidores¨, afirma Daniel Mosteller, uno de los abogados que redactó el amicus brief.

Argumentaron además que los estados tienen un personal de casi 700 personas en las diferentes fiscalías generales para aplicar las leyes de defensa del consumidor, mientras que el personal del OCC es muy limitado.

Savage indicó que estados como California y Nueva York han estado tratando de luchar contra los abusos en préstamos y estaban impedidos por estos reglamentos.

"Si los estados hubiera podido poner trabas a los bancos en las cortes, quizá no estaríamos en un hueco tan profundo como estamos hoy", dijo Savage.

Por su parte, la oficina del Fiscal General de California, Jerry Brown, emitió un comunicado indicando que "la decisión permitirá a los estados el aplicar la protección estatal contra la discriminación y otras leyes contra los bancos nacionales…esta es una victoria para los californianos…concurre en que el fiscal general tiene la autoridades para atacar las prácticas de préstamos discriminatorios y otras que han contribuido a la crisis de embargos hipotecarios".

La decisión, que fue criticada por grupos del sector bancario como onerosa para las instituciones en un momento de crisis, no será una panacea, sin embargo. Las leyes federales como la Ley Nacional de Banca aún tiene prioridad sobre las leyes estatales y el gobierno federal tiene pendiente legislar sobre cómo regular futuros productos financieros, dijo Day, del Centro para Prestamos Responsables.