27 de junio de 2009

El Vocero

La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) alegadamente viola la ley al ofrecer información incorrecta a sus abonados sobre cuándo y cómo objetar una factura. Esto, de acuerdo con la designada procuradora del ciudadano, Jennifer Aponte, quien dijo ayer que la desinformación a los abonados de la AAA busca presionarlos para que paguen sus facturas.

Las denuncias fueron rechazadas por Raquel Matos, asesora legal de la AAA, quien aseguró que cumplen con la ley.

Durante una vista pública de ayer, Aponte mostró un folleto explicativo de la AAA en el que informan a sus abonados que para objetar cargos por servicios tienen que acudir a una vista administrativa con el director ejecutivo de la región. Esto, explicó la funcionaria, no es requerido por ley.

El folleto - del cual Aponte mostró copia - advierte a los abonados que "la AAA podrá suspender el servicio si el cliente no efectúa el pago y no utiliza ni agota el procedimiento establecido para objetar cargos".

"A modo de presionar al abonado, le informan que, de continuar el proceso a la vista administrativa, podría irle peor y que el servicio puede ser suspendido", dijo Aponte. "Además, se utiliza dicha reunión, no contemplada en la ley, para dilatar la presentación del caso ante un examinador, árbitro o juez administrativo según lo establece (la ley)".

Matos, por su parte, aseguró que el proceso explicado en el folleto es el que establece la ley y que el servicio se suspendería una vez concluya el proceso establecido.

Aseguró que la nominada no se ha comunicado con la AAA para hacerle saber sus preocupaciones.

"Honestamente le digo que en nuestra división legal nunca he recibido llamadas de la Procuradora. Entiendo que el Director de Servicio al Cliente tampoco", dijo Matos. "Este folleto lleva tiempo y nunca nos habían hecho estas expresiones. Si ella nos hubiera traído esta preocupación, estaríamos en posición de acogerla. Nos sorprende que haga el señalamiento en una vista pública".

Aponte dijo que en febrero la Oficina del Ombudsman llamó la atención a la AAA sobre las incongruencias en el folleto. Según dijo, se hicieron algunos de los cambios, pero no todos.

Por ejemplo, este documento todavía estipula que los abonados tienen hasta 30 días para solicitar una revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones. La ley, sin embargo, estipula que son 20 días y que debe presentarse ante el Tribunal de Primera Instancia. La funcionaria favoreció extender el término a 30 días. Matos, por su parte, expresó que la Ley de Procedimiento Uniforme extiende este término a un mes.

Aponte fue más allá al decir que, por falta de personal, la AAA no realiza las investigaciones de campo que requiere la ley. "Más importante aún, cuando se cita a vista administrativa, la AAA ha creado un paso no contemplado por la ley que consiste en una reunión con el Director de Servicio al Cliente Regional para presionar al ciudadano a que pague lo facturado o se someta a un plan de pago de la cantidad objetada", dijo Aponte.

Calificó este proceso como "ilegal" y un "subterfugio que utiliza la AAA para agenciarse dineros de los abonados de manera cuestionable y que podría generar en una demanda de clase contra la AAA".

Aponte hizo las expresiones en una vista pública de la Comisión conjunta sobre Informes Especiales del Contralor que preside el senador Carlos Torres Torres.

La Comisión investiga un informe del Contralor publicado en 2008 sobre la facturación a los abonados de la AAA.

De acuerdo con la funcionaria, el método y fórmula de facturación para el cobro de agua tiene "serias deficiencias que impactan de manera adversa la facturación de los abonados".

Recomendó a la Comisión legislativa ordenar a la AAA que desista de exigir estos requisitos a sus abonados. Sugirió además que se enmiende la ley para que, al cabo de 180 días de radicada una querella, la misma quede resuelta a favor del abonado.

Por otra parte, la Asamblea Legislativa aprobó el proyecto del senador Roberto Arango que garantiza una tarifa fija en el pago del agua y luz para los residentes en residenciales públicos. Se aprobó además un proyecto del representante Angel Rodríguez que garantiza un descuento de 5% de la tarifa anual de agua y luz para los abonados que tengan sus cuentas al día.