28 de mayo de 2009

El Nuevo Dia

Un nuevo proyecto de ley presentado en la Cámara de Representantes que busca proteger a los consumidores de "posibles prácticas engañosas y de cargos disfrazados", podría traer cambios significativos a la industria de servicio celular en la Isla.

El Proyecto de la Cámara 1061, de la autoría de la presidenta de ese cuerpo, Jenniffer González, establece la necesidad de proteger al consumidor de cargos "sorpresa" en las facturas de celular, así como de ofrecerle toda la información necesaria al momento de la compra.

De ser aprobada la medida, discutida ayer en la Comisión de Asuntos del Consumidor de la Cámara, la misma obligaría a las proveedoras a ofrecerle al consumidor al momento de la venta, un mapa preciso con las áreas de cobertura de la compañía, que identifique claramente en qué regiones aplican cargos adicionales por concepto de "roaming".

Además, haría obligatorio informarle al cliente al momento de la venta la totalidad de los costos y cargos de la transacción, así como darle por escrito al consumidor la información detallada de la oferta a la que se está suscribiendo. Una vez la persona se acoge a un contrato, según el proyecto, las proveedoras deberán incluir en la factura el detalle completo de todos los cargos y llamadas en una letra no menor de 12 puntos.

El incumplimiento de alguno de estos requerimientos podría significar una multa de entre $250 a $500. El Departamento de Asuntos del Consumidor, que avala la medida, aboga incluso porque esa multa ascienda a $1,000.

Por su parte, las compañías de Claro y AT&T, indicaron ayer durante el proceso de vistas públicas que esta medida podría ser contraproducente para el desarrollo de la industria al tratarse de una de las industria más reglamentadas, además de que muchas de las prácticas solicitadas en el proyecto ya se llevan a cabo. Además de que conllevaría un costo mayor en el proceso de facturación al requerirse el uso de más papel.

En oposición al proyecto, Rebeca Guerríos, representante legal de AT&T, indicó que ya existe una extensa regulación por parte de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) a nivel federal y localmente a través de la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones (JRT).

"El imponerle restricciones adiciones a las proveedoras de servicio celular restringe la habilidad que tienen dichas compañías de responder de una manera ágil y rápida a las exigencias del consumidor dentro de un mercado altamente competitivo", indicó.