23 de mayo de 2009

El Nuevo Dia

El Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) podría regular el precio de los textos escolares, tal como hace con otros artículos de primera necesidad, de aprobarse una ley que le diera tal facultad.

La propuesta fue presentada durante una vista pública dirigida por el representante Jorge Navarro, de la Comisión de Asuntos del Consumidor, en la cual se discutió la necesidad de enmendar el Reglamento para la Divulgación de Información en la Venta y Distribución de Libros de Texto que aprobó el DACO hace siete años.

Según la Resolución de la Cámara 489, la urgencia por revisarlo surge pues persiste la preocupación por el costo de los libros en las escuelas privadas.

Acorde al Reglamento, la escuela tiene la obligación de informarle a los padres de estudiantes, así como al DACO, sobre las listas de libros a utilizarse, así como los acuerdos pactados con distribuidores, librerías o editoras, como el recibir algún tipo de remuneración por ello.

Además, la escuela debe notificarle a los padres si va a haber algún cambio en los textos y cuál será.

Durante la vista el licenciado Diego Murgia, ayudante especial del Secretario del DACO, Luis Gerardo Rivera, comentó que la agencia está visitando escuelas privadas para garantizar que cumplan con el Reglamento.

Sin embargo, se hizo hincapié en que el estado de derecho actual limita al DACO a sólo hacer lo antes expuesto, y no a regular los precios de los libros, a menos que se legisle al respecto.

Luz María Rivera, del Grupo Santillana, comentó que las casas editoras no marcan los precios de los libros.

"Son nuestros clientes los que deciden cuál será el precio al que venderán el libro en función del margen de ganancias que quieran obtener", dijo al recalcar que los cambios en los textos surgen a petición de los colegios.

Gerald Ramírez, presidente de la Asociación de Librerías de Textos Escolares, se opuso a que el DACO tenga la potestad de regular el precio de los libros ya que, según dijo, eso le corresponde a la competencia entre los mismos negocios que venden estos textos.

Tom Caballero, vicepresidente de la Asociación, comentó que cada parte en la cadena de venta de libros debe limitarse a su gestión, esto es, la casa editora a editar libros, los distribuidores a distribuirlos y las librerías a venderlos. Esto, dijo, ocurre en Argentina.

Por otra parte, Caballero comentó que las megatiendas, al presentar ahorros sustanciales en la venta de ciertos libros de textos, ahorcan al pequeño comerciante y provocarán la quiebra de las pocas librerías escolares que quedan.

Fidel Brito, de Publicaciones Educativas, recomendó una mayor supervisión a los colegios que venden los libros, además de eliminar el impuesto del 7% a los libros escolares.