21 de mayo de 2009

El Nuevo Dia

Para la Asociación de Arrendadores de Bienes Inmuebles, la sobretasa impuesta mediante la Ley 7 a las propiedades residenciales es una medida discriminatoria que desestabilizará el mercado de alquiler residencial y perjudicará aún más la economía del País.

Pedro Viera, portavoz de la agrupación, afirmó que para los arrendadores de hogares el impacto de esta medida será caótico y provocará que muchos de ellos tengan que entregar sus propiedades, al no poder pagar sus hipotecas.

"Con el mercado tan afectado como está, para nosotros es muy difícil pasar este aumento a los arrendatarios. Lo vamos a tener que absorber nosotros, mientras que al sector de renta comercial -que tiene una capacidad de pago mayor- no se le está tocando", destacó el comerciante.

La Asociación entregó esta semana una carta a los miembros de la Junta de Reconstrucción Económica y Fiscal (JREF) -ente que tiene a su cargo la imposición de la Ley 7-, para solicitar enmiendas a la Ley a los efectos de que se establezca una tasa uniforme de un 20%, tanto para las propiedades residenciales como comerciales, que no incluya a las que ahora están exentas.

"Esto pone todo el peso de la contribución en un solo sector de la industria, que ya está sumamente afectada por la crisis", sostuvo Viera.

El comerciante sugirió, además, que el Gobierno establezca un sistema efectivo para la retasación de propiedades y ponga al día los sistemas del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM), para que puedan recaudar el dinero que tienen en la calle.

"Tienes cerca de un 40% de las propiedades sin registrar en el sistema del CRIM, mientras que la industria de alquiler residencial representa cerca de 379,100 viviendas que aportan al sistema en su mayoría, sin subsidio, ni exenciones. Me parece que nos incluyen en esta nueva imposición a consecuencia de la inhabilidad del Estado, el Departamento de Hacienda, a nivel central, y el CRIM, a nivel municipal, de separar en sus sistemas las propiedades residenciales que se dedican a alquiler y las propiedades residenciales que son primeros y segundos hogares", sentenció Viera.

Según datos de la Asociación, el mercado de alquiler residencial representa el 3.2% del producto bruto de Puerto Rico, con una inyección promedio de $1,800 millones a la economía.

Viera puntualizó que en Puerto Rico, el alquiler de propiedades se ha convertido en el medio de inversión más común entre quienes necesitan complementar sus ingresos durante su retiro, sin tener que recurrir a ayudas del Gobierno.