12 de mayo de 2009

El Vocero

En momentos en que las ventas de Chrysler Internacional Services, S. A. (CISSA) seguían repuntando, vuelve a ponerse en riesgo su estabilidad y credibilidad a nivel local ante su reciente solicitud al Tribunal Supremo, para paralizar los casos judiciales en su contra así como las querellas administrativas ante el Departamento de Asuntos del Consumidor (Daco). Esto ha generado temor entre los consumidores de que las garantías no les sean honradas y no tengan a donde acudir en busca de cumplimiento.

La empresa solicitó un recurso de "Aviso de presentación de petición de quiebra' para que se paralicen los casos de reclamaciones en su contra amparándose en su acogida voluntaria a la Ley de Quiebras el pasado 30 de abril, la cual estipula que desde y después de la fecha de la petición, ninguna causa de acción que esté relacionada a reclamaciones que surgieron antes de la fecha de la petición incluyendo este caso, podrá comenzar o proseguirse en contra de los deudores, incluyendo a CISSA, en ningún foro judicial o administrativo.

Sin embargo, el gerente regional de dicha empresa para Puerto Rico e Islas Vírgenes, Ray Lugo, aclaró que la radicación en los tribunales es académica y surge cuando una empresa se acoge a la quiebra y no a una acción radicada por Chrysler.

Asimismo, reafirmó que las garantías están protegidas por la empresa y el gobierno de los EE.UU., lo que representa "que seguimos ofreciendo la mejor garantía del mundo. No existe causal alguno para temer porque se les honren sus garantías.

Nuestro compromiso es sólido, desde que DACO nos informó sobre dicha acción legal, nos hemos dado a la tarea de notificarle a todos aquellos consumidores que estaban en alguno de los dos foros para comenzar a trabajar con sus casos. Hemos preferido trabajar directamente con el cliente, en vez de que estos casos se mantengan detenidos y se lo hemos notificado así, tanto al consumidor como al DACO".

No obstante, el secretario del Daco, Luis Rivera Marín, indicó que su agencia continuará los casos administrativos ante su consideración contra las partes que "no estén protegidos bajo la ley federal de quiebras. No se le puede hacer efectivo ninguna sentencia en su contra (de Chrysler), pero nosotros seguimos el caso en sus méritos con las partes que sí se mantienen en nuestra jurisdicción, como el concesionario de autos, contra la importadora de los carros a Puerto Rico".

Esta polémica ha levantado el interés de la necesidad apremiante de que se apruebe la denominada "ley limón' así como que se les requiera a los manufactureros tener una fianza en Puerto Rico para responderle a los consumidores y honrar las garantías.

Por su parte, Ignacio García, presidente de la organización sin fines de lucro limonauto.com, criticó la acción de la empresa automotriz y recordó que al momento de acogerse al Capítulo 11 de la ley federal de quiebras, Chrysler anunció que su acción no afectaría a los consumidores puertorriqueños.

Para García, la acción de parte de Chrysler Internacional es una realmente nefasta, toda vez que hay cientos de consumidores que han esperado hasta 18 meses para que su querella por incumplimiento de garantía se ventile ante Daco, sólo para ahora recibir una notificación de paro indefinido de su caso.

"Es totalmente incompatible que por un lado digan que continúan honrando las garantías, y por el otro le cierren las puertas a los consumidores que se ven forzados a reclamar ante el DACO por el incumplimiento de las mismas. Una cosa no puede ir con la otra", señaló García.

Actualmente, hay al menos 32,500 vehículos Chrysler que se encuentran bajo la garantía de fábrica en Puerto Rico.