5 de mayo de 2009

El Nuevo Dia

El grupo iba por las casas de las exclusivas urbanizaciones con acceso controlado, abría los buzones y colocaba un "shopper". Parecía que estaban repartiendo la publicación de especiales a la venta. Pero de acuerdo con la Fiscalía federal, se trataba de un subterfugio para robar la correspondencia de los residentes y obtener cheques, tarjetas de crédito e información delicada -como los números de seguro social y fechas de nacimiento-, la que utilizaban para robar las identidades de los perjudicados y cometer fraude y robo en distintas tiendas por departamento.

Con ese esquema las agencias federales alegan que Rafael Pérez Buscampel, de 36 años, José R. Bravo Moraza, de 40, y Johanna Vélez Molina, de 28, victimizaron a alrededor de 150 personas residentes en seis exclusivas urbanizaciones de Guaynabo y Bayamón cuyo acceso es controlado por guardias de seguridad privada.

"Las personas en las urbanizaciones y los condominios tienen que estar muy alertas de quienes están intentando entrar (a sus complejos de residencia)", dijo ayer la jefa de la Fiscalía federal en Puerto Rico, Rosa Emilia Rodríguez Vélez. "Y los guardias de seguridad en las zonas de acceso deben de prestar mucha atención al verificar las identificaciones de las personas que intenten entrar a estos lugares", sostuvo.?

Para burlar la vigilancia a la entrada de los complejos, la ganga se presentaba disfrazada de empleados de la Puerto Rico Telephone (PRT), de acuerdo con la Fiscalía federal. "Ellos presentaban identificación falsa", explicó la fiscal Rodríguez Vélez. "Decían que trabajaban en la Telefónica y que iban a hacer algún trabajo en una residencia y por eso los dejaban pasar", agregó.

Una vez adentro, los individuos usaban "shoppers" que conseguían en masa y gratuitamente de supermercados como excusa para abrir los buzones. Cuando colocaban la publicación en el receptáculo de correo, de una vez extraían la correspondencia que encontraban.

Más tarde abrían todo el correo hurtado, quedándose con los cheques, tarjetas de crédito y cualquier información útil para el robo de identidad.

Fábrica de identidades falsas

Con los documentos sensitivos, y posiblemente recibiendo ayuda desde el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), la ganga generaba licencias falsas, pero con el papel timbrado y el laminado sellado por el Gobierno de Puerto Rico.

También falsificaban las tarjetas de seguro social de los residentes.

La Fiscalía federal no descartó ayer acusaciones futuras, incluso de empleados públicos que hayan participado en la fabricación de documentos falsos.

"Eso es parte de la investigación que continúa", dijo Rodríguez Vélez sobre el ángulo de un posible co conspirador en las entrañas del DTOP. "Ciertamente estamos investigando eso. Podría ser (un esquema multinivel)", indicó.

Coopera el DTOP

El secretario del DTOP, Rubén Hernández Gregorat, señaló que al presente su agencia labora de la mano con Fiscalía federal y con el Departamento de Justicia local en todas las investigaciones criminales en proceso. "Hemos tenido comunicación abierta con las diferentes agencias como Fiscalía federal, la Policía, el FBI y Justicia, y cooperamos con cualquier investigación que esté en curso", puntualizó el funcionario. "Si hay algún empleado involucrado (en acción delictiva), ellos nos dejarán saber", afirmó.

La Fiscalía federal aclaró que de la investigación no se desprende que las compañías de seguridad privada hayan cooperado con los rateros.

"No tenemos información de que fuera así", indicó el fiscal Marshal D. Morgan, quien representa a la Fiscalía federal en el proceso criminal.

Los dos varones acusados ya están bajo la custodia de las autoridades. La mujer, sin embargo, continúa prófuga.

"Rafael Pérez Buscampel fue arrestado hace varias semanas, pero el señor Bravo fue detenido esta mañana (ayer)", relató Morgan.

Equipados para el fraude

Entre sus posesiones al momento de ser arrestados, Pérez y Bravo tenían 79 plásticos para laminar con el sello oficial del Gobierno, cuatro licencias falsas, dos tarjetas de crédito de la tienda Macy's robadas, cuatro tarjetas de seguro social válidas y tres fraudulentas, tres pasaportes legales de menores de edad, un certificado de nacimiento, 10 cajas de cheques robados y equipo para fabricar licencias.

Bien organizados

"En esta organización cada persona tenía su propósito dentro del esquema", dijo Morgan. "Algunos se dedicaban a manufacturar las licencias falsas y otros iban a las tiendas con las licencias falsas. ésta era su profesión", sostuvo.

Entre los establecimientos en los que el grupo compró con las tarjetas y cheques falsos se encuentran los locales de Best Buy, Walmart, Office Max y Amigo en los pueblos de Canóvanas, Cayey y Carolina.

En el pliego acusatorio el monto de las transacciones fraudulentas asciende a más de $10,000. La Fiscalía federal dijo que la cifra podría aumentar cuando se presente la totalidad de los actos por los cuales se acusa al trío.

Portavoces de la Fiscalía indicaron además que el interés en el caso no es debido a la cantidad de dinero defraudado, sino por el número de personas victimizadas y cuyo crédito fue afectado.

Por este caso, Pérez Buscampel, Bravo Moraza y Vélez Molina se exponen a penas de hasta 15 años de cárcel y $250,000 en multas.