20 de abril de 2009

El Vocero

Año tras año millones de dólares han estado desapareciendo tras la apacible fachada del Tribunal de Quiebra en el Viejo San Juan donde un grupo de sofisticados deudores con una vena criminal se han beneficiado de las protecciones de las leyes de bancarrota federales para impunemente esconder sus fortunas de acreedores y del erario público.

Esta practica ilícita de esconder bienes y evadir pagos, sin embargo, podría estar cerca de su fin ya que es ahora el blanco de una agresiva campaña de un especializado equipo interagencial que está desmenuzando toda la información sospechosa en las quiebras que se radican, particularmente las corporativas, en busca de fraude y otras ilegalidades, según confirmaron la fiscal federal Rosa Emilia Rodríguez y la síndico auxiliar de quiebras, la Lcda. Monsita Lecaroz.

Rodríguez y Lecaroz dijeron en entrevista exclusiva con EL VOCERO que el arresto la semana pasada de los hermanos Astrid y Edgardo Colon Ledeé por alegadamente tratar de defraudar al tribunal en un caso de bancarrota, no es uno aislado sino que es parte de un patrón relativamente común, por lo que ha pasado a convertirse en una de las prioridades del Departamento de Justicia federal.

Delito que trae cola

"Este es un delito que tiene consecuencias fatales para la economía de Puerto Rico," dijo Rodríguez, quien apunto que desde la década de las 90 había estado preocupada por el impacto de este tipo de acciones delictivas pero que no fue hasta tiempos recientes cuando se dieron las condiciones ideales para poder atacar el problema del fraude a nivel de la corte.

Estas condiciones dijo, incluyen la llegada de la Lcda. Lecaroz a la oficina del Síndico hace cinco años, el respaldo del agente a cargo del Negociado Federal de Investigaciones (FBI), Luis Fraticelli a investigar este tipo de delito y un cambio en la política de Justicia en Washington a partir del 2006 cuando el fraude en quiebra adquirió relevancia.

La creciente importancia de ponerle coto a este tipo de delito ha llevado a que actualmente estén asignados cuatro fiscales auxiliares federales a fraudes en quiebras, añadió Rodríguez, quien explicó que este equipo de abogados representa una herramienta de valor incalculable para los agentes investigadores.

Cuán serio puede ser el impacto de las quiebras en una economía tambaleante se puede apreciar en el caso de una institución financiera que ha visto sus recursos mermar por un creciente numero de deudores delincuentes que se han acogido a la quiebra, principalmente al Capítulo 11 que le permite a las empresas privadas reorganizar sus obligaciones financieras.

"Un solo banco tiene $209, 930,518 (casi $210 millones) en reclamaciones radicadas en la Corte de Quiebra entre septiembre del 2008 y marzo del 2009. Este es un periodo de siete meses," dijo Lecaroz, quien al igual que Rodríguez pidió no se identificase a los acreedores para no afectarlos adversamente.

Grito de auxilio en oídos sordos

Un examen por este diario de los archivos de la Corte de Quiebra encontró que en uno de estos casos millonarios, dicho banco recurrió recientemente a pedir ayuda a la corte alegando que el deudor estaba cometiendo fraude y que era indispensable para el repago del dinero adeudado y para poder reorganizar a la empresa que el control de las operaciones de la compañía pasara a manos del Síndico de la corte.

A su vez el Síndico se hizo eco de dichas alegaciones de irregularidad pero el juez negó tal solicitud diciendo que al presente no existía suficiente evidencia que sostuviese tales reclamos de fraude.

De acuerdo con las estadísticas del Servicio de Rentas internas federal (IRS), en el 2008 se iniciaron a nivel de Estados Unidos 25 investigaciones de quiebras fraudulentas, de las cuales 15 resultaron en radicación de cargos criminales. Para el año pasado, el IRS dice obtuvieron una tasa de 93.5% en encarcelamientos con un promedio de tiempo a servir en la cárcel de 43 meses.

Aparte de los Colón Ledeé, en Puerto Rico se han radicado cargos criminales contra otros dos individuos en el último par de años. En ambos casos los acusados resultaron convictos. Uno de ellos, Freddy Garrido Jiménez, acaba de servir una sentencia de prisión de 12 meses tras esconder de sus acreedores una serie de inversiones dentro y fuera de la Isla. Pero Garrido Jiménez radicó el mes pasado una moción judicial alegando que fue su abogado quien lo aconsejó que le ocultase al tribunal sus propiedades.

"Lo siento, no puedo hablar de ello," respondió Lecaroz a la pregunta de este diario de que iban a hacer las autoridades federales ante las nuevas alegaciones de Garrido Jiménez.

Nuevo equipo especializado

Presumiblemente este caso será referido a un nuevo ente investigador: el llamado Grupo de Trabajo de Fraude de Quiebras compuesto por fiscales federales, personal de la oficina de Lecaroz -quien maneja las quiebras de Capítulo 11 en Puerto Rico dentro del Distrito 21 del sistema de quiebras- los síndicos asignados a las quiebras de los capítulos 7 y 13, así como un grupo de agentes del FBI, del IRS, del Servicio Secreto, del Departamento de Hacienda y de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras de Puerto Rico.

También conforman el grupo investigador, agentes de los departamentos de Salud y de Vivienda federal, ya que, explicaron, este tipo de fraude también a veces atañe a programas como el Medicare cuando son médicos los deudores envueltos.

"Ellos me buscan los ‘targets’ (los casos a ser investigados)," dijo Lecaroz, quien explico que este grupo interagencial se reúne cada dos meses. Este parece ser un proceso largo, lento y complejo pero una vez que los agentes finalizan de recopilar la información la proveen a fiscalía federal para la eventual radicación de cargos.

Aunque tanto Rodríguez como Lecaroz rehusaron discutir cuantos casos están bajo investigación actualmente, fuentes confiables indicaron que ya hay varios en el sistema, incluyendo un fraude multimillonario en el cual fiscalía y los agentes federales llevan trabajando varios meses.

Capítulo 11 es el problema

No obstante, Lecaroz enfatizó que el por ciento de los deudores que cometen fraude es uno pequeño. "Lamentablemente la mayoría de las personas que radican quiebra en su carácter individual han tenido un problema en su vida y lo hacen con las manos limpias, el problema del que estamos hablando es de una minoría que radican en Capítulo 11."

Las leyes de quiebras se dividen en distintas categorías, incluyendo una que es prácticamente desconocida en Puerto Rico, según Lecaroz, el Capítulo 12, que ofrece protección a los agricultores que confrontan problemas económicos.

En lo que va de año solo se han radicado en la Isla cuatro quiebras de Capítulo 12, lo cual es una fracción de las 41 de quiebras corporativas en Capítulo 11 o de las 2,169 en Capítulo 13, que le permiten a los individuos repagar sus deudas con la ayuda de la corte. El Capítulo 7, por otro lado, permite la liquidación de las deudas sin repago.

Menos quiebras en PR que USA

"Nuestro número de quiebras está por debajo del promedio nacional," dijo Lecaroz, quien admitió que del 2007 al 2008 hubo un aumento en quiebras radicadas. "Dada la actual situación económica es todavía posible que aumenten mas en el 2009. No obstante, sería muy por debajo de las radicaciones de quiebras en el periodo de 1995 al 2000."

Según las estadísticas provistas a este diario, en Puerto Rico se radicaron el año pasado un total de 9,047 quiebras, en su mayoría de Capítulo 13. Esto representa un aumento con relación al 2007 cuando se reportaron 7,740. Ambas cifras, sin embargo, están muy por debajo de las 17,909 quiebras que se radicaron en Puerto Rico en el 1999.