18 de abril de 2009

El Nuevo Dia

En tiempos de bonanza, los consumidores tocan a la puerta de los bancos para tomar préstamos y tarjetas de crédito. Ahora, los consumidores regresan a los bancos, para informar que no pueden pagarlos.

En apenas dos años, de acuerdo con los datos compilados por la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras, el monto de los préstamos con más de 90 días de atraso se ha más que triplicado.

Al 31 de diciembre, los préstamos en la banca comercial vencidos a más de 90 días rondaban $4,505 millones, mientras que en el 2006, se encontraban en $1,181 millones.

Ese indicador no recoge los financiamientos en mora (entre 30 y 89 días), ni los de las cooperativas de ahorro y crédito. Tampoco incluye los préstamos estudiantiles que, por lo general, es la primera obligación que los consumidores dejan de pagar, indicó Marrion Torres de R-G Premier Bank.

"Tenemos clientes que estaban al día y que al pasar por cesantías han comenzado a atrasarse en sus pagos y no hemos llegado a la situación (de los inminentes despidos) del gobierno", sostuvo Torres, vicepresidenta del Departamento de Consumo en esa entidad bancaria.

El deterioro en los activos bancarios es uno de los efectos más evidentes del período de estancamiento económico más agudo que la Isla haya experimentado en casi un siglo. Este ciclo, que entra a su cuarto año de baja, ha colocado la tasa de desempleo en niveles del 14%, lo que a su vez ha obligado a los bancos a redoblar sus gestiones de cobro ante el incumplimiento de quienes han perdido ingresos o su empleo.

En R-G Premier Bank se generan más de 300 llamadas diarias a clientes, ya sea para hacerles un recordatorio o para notificarles que sus cuentas están severamente atrasadas.

Mientras, en Banco Popular, el área de Servicios de Crédito al Consumidor puede atender hasta 100 consumidores en un día y eso no incluye los varios cientos de llamadas telefónicas de seguimiento a clientes.

consumidores en aprietos

Sin embargo, esos números -que también resultan familiares en otros bancos y cooperativas del país- son una gota de agua en el mar, si se considera que en apenas tres años el número de personas que han pedido ayuda a Consumer Credit Counseling Services of Puerto Rico (CCCS) para lidiar con sus deudas ha aumentado seis veces.

De acuerdo con Jorge Cardona, gerente de operaciones de CCCS, en el 2005, antes del presente ciclo de contracción económica, 3,426 consumidores recibieron servicios de la entidad. El año pasado, la organización -subvencionada por una aportación que hace la banca del país- sirvió de consejero financiero y hasta hizo las veces de terapeuta matrimonial y psicólogo para 18,031 personas.

"La principal razón para la insolvencia es el desconocimiento, el desempleo rampante que está en vías de agravarse y la alta tasa de divorcios, lo que ocasiona que una de las dos partes no pueda cumplir con sus compromisos", explica.

avalancha de casos

Aquellos casos que no han llegado a las manos de CCCS, tal vez han llegado al escritorio del abogado José R. del Valle Rodríguez, quien ha dedicado 29 de años de su carrera únicamente a gestiones de cobro.

El letrado indicó que en los pasados seis meses, luego de lanzar un portal cibernético interactivo para sus clientes, ha recibido más de 12,000 casos para gestiones de cobro. "Nunca, en todos los años que llevo, había visto una cosa como ésta".

Los datos más recientes en torno al tema, suministrados por la rama Judicial, datan del año fiscal 2006. Entonces, los acreedores presentaron 10,070 demandas de cobro de dinero en los tribunales de Primera Instancia del país. En ese año, cuando empezó la recesión, el volumen de demandas de cobro fue 31% más que en el fiscal anterior.

Esos litigios son separados de las ejecuciones de hipotecas que, según los tribunales, en el año fiscal 2007 fueron 10,237 casos.

Triste realidad

Según José Teruel, vicepresidente del área de Servicios de Crédito al Consumidor para Popular, en un día cualquiera, se sientan en la sala de espera de esa división consumidores de todas las clases sociales, desde médicos o abogados que devengaban ingresos mensuales de $20,000 hasta empleados en tareas de menos envergadura con un salario de $1,500 al mes.

"Estos no son consumidores que abusaron, son consumidores golpeados (por la economía), y ahora, simplemente no pueden (pagar). Es una dura realidad", indica Teruel.

"Aquí se dice que en junio es que va a comenzar la situación de retrasos con los empleados públicos. Nosotros en R-G ya estamos haciendo arreglos para empleados o contratistas del gobierno que se están viendo afectados", agrega Torres, de R-G.

Llanto y vergüenza

Mariemi Sierra, también de Popular, indica que a estas alturas del juego se ve de todo, cuando se trata de cobrar. Hay "consumidores avergonzados, con sus rostros llenos de lágrimas". Otros, con tono altanero, señalan que pagarán cuando el tribunal lo ordene.

Del Valle Rodríguez coincide, pero subraya que los cobros más fáciles son aquellos de personas de recursos medios, quienes, pese a todo, buscan cumplir con sus compromisos.

En cambio, algunos consumidores de mayor preparación académica y más recursos, aun reconociendo la deuda que encaran, prefieren entrar en litigios.