6 de abril de 2009

La Opinion

Para los inescrupulosos hay formas fáciles de conseguir listas de propiedades en default. Pagando una pequeña cantidad, hay sitios en la internet donde se puede acceder a listas de estas propiedades.

A estas casas, de dueños en peligro de embargo, llegan cartas o panfletos con apariencia oficial que prometen parar los foreclosures y bajar el pago si llaman a un teléfono o acuden a una compañía en particular.

Esto fue lo que hicieron precisamente Mary Alice Yraceburu, de 45 años, y Marianne Curtis, de 67, quienes fueron acusadas hace unos 15 días por la oficina del procurador estatal por llevar a cabo este fraude de modificaciones contra por lo menos 160 víctimas, a quienes les quitaron más de 150,000 dólares.

Yraceburu, de Riverdale, y Curtis, de Costa Mesa, fueron acusadas de 50 cargos de robo y violaciones a los estatutos de embargo de California. Los cargos combinados podrían costarles más de 20 años de cárcel, según la acusación.

Las mujeres operaban una compañía de nombre Foreclosure Freedom, que mandaban cientos de panfletos a listas de viviendas en proceso de embargo que obtenían de la internet pagando una pequeña cantidad. Los panfletos decían: "Final Notice, notificación final... responda inmediatamente". Al llamar los dueños desesperados, ellas les ofrecían renegociar sus hipotecas para que pagaran una mensualidad más barata.

Cientos de dueños pagaron entre 1,800 y 3,000 dólares por servicios que, según la acusación, nunca fueron llevados a cabo.

Otro sistema es por medio de los comerciales de radio, TV y prensa que ofrecen lo mismo. O le llaman directamente a su casa, como le ocurrió a Arnulfo González.

"Hay un montón de gente que te habla por teléfono. A mí me han llamado muchos a mi casa. Te dicen que si estás interesado en bajar tu hipoteca", cuenta González. "Muchos te dicen que te atrases en el pago cuando menos un mes, que si no, no te pueden ayudar y te piden entre 2,500 y 3,000 dólares. A veces te dejan pagar por partes, pero te dicen que no pueden terminar el proceso hasta que terminas de pagar todo".

En la mayoría de los casos, estas compañías no emprenden ningún trámite por el dueño de casa; o si lo hacen, igual no pueden garantizar una modificación, asegura Angélica Rubio, de la organización no lucrativa East LA Community Corporation, en Boyle Heights, donde cada miércoles atienden a unas 10 familias y a sus casos de embargo.

"Nadie puede garantizar una modificación, ni un pago más bajo. Si ha perdido su trabajo, no le van a modificar porque no tiene ingresos suficienes. Si compró la casa a un precio muy alto, igual los pagos no le van a cambiar casi nada", dice Rubio. "La gente piensa que una modificación le reducirá los pagos exageradamente y eso no es así".