18 de marzo de 2009

Primera Hora

Usted compró un apartamento nuevo de paquete. Empezó a vivir en su hogar y con mucha ilusión y esfuerzo lo adornó. A pocos meses de que le entregaran su propiedad, serios vicios de construcción se presentaron, como grietas terribles, salideros, tuberías rotas, y peor aún, se dio cuenta que su apartamento está en un walk up que se "desliza" cuando se saturan los terrenos por lluvia.

Desesperado, intenta dar con el proyectista y éste no responde. Su angustia aumenta y acude al Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) porque entiende que el Gobierno lo defenderá a usted, pero para su sorpresa, la agencia respalda al desarrollista.

Actualmente, el estado de derecho provee para que usted presente un recurso de revisión ante el Tribunal Apelativo para que de manera obligatoria el tribunal entre en los méritos de la controversia y un panel de tres jueces se exprese sobre la situación presentada y revoque la determinación del DACO. La agencia tendría que ver nuevamente su caso y quizás al final responderles con la cuantía correspondiente a los daños a su propiedad.

Actualmente, es mandatorio para los jueces del Tribunal Apelativo entrar en los méritos de los casos de revisión, sin embargo, un proyecto de ley de la presidenta cameral, Jenniffer González Colón, podría hacer que los jueces vean los casos de revisión discrecionalmente. Esto significa que los jueces pueden determinar no ha lugar al recurso sin entrar en la profundidad del caso.

"El acceso a la justicia será ahora más difícil para las comunidades, los obreros, la defensa de los recursos naturales y los derechos civiles. No parece coincidencia que el proyecto se impulse previo a los anunciados despidos de empleados gubernamentales", sentenció la abogada Jessica Rodríguez Martin.

De su parte, el abogado sindicalista Reinaldo Pérez calificó la medida como nefasta, ya que amplía "demasiado" el poder de las agencias.

"Será negativo a nivel individual del ciudadano y de los trabajadores con derecho a recibir los servicios esenciales de las agencias. La gente quedaría desprovista y se reduciría su acceso a los tribunales en un momento en que las agencias funcionan de forma ineficiente", subrayó Pérez.

Uno de los que también se opone a esta medida es el senador Alejandro García Padilla, ex secretario del DACO, quien dijo que la inmensa mayoría de los casos que llegaban a la agencia se trataban de vicios de construcción y de problemas con vehículos de motor.

"En el 90 por ciento de los casos el tribunal decidía en nuestro favor, pero en el 10 por ciento que resolvía a favor del ciudadano nosotros tuvimos que responder como agencia y ése es un derecho esencial para el ciudadano. Este proyecto sería eliminar la posibilidad de que el ciudadano pueda reivindicar sus derechos", sostuvo García Padilla ayer a Primera Hora.

Aunque el ciudadano puede acudir al Tribunal Supremo con un recurso de certiorari para que se revise una decisión administrativa, en ese foro la revisión es discrecional, a diferencia del Tribunal Apelativo, en el que todavía es mandatorio para los jueces ver los casos de revisión.