10 de marzo de 2009

El Vocero

El mercado de arrendamiento de propiedades residenciales y comerciales del País está casi paralizado para las unidades que paguen rentas sobre los $1,000 mensuales. Sólo se mueven los alquileres de renta media y media baja ($400 a menos de $1,000 mensuales).

Así lo confirmó ayer, Milton Serrano presidente de la Asociación de Arrendadores de Puerto Rico (AAPR), quien recibió de Yesef Y. Cordero, secretario del Departamento de la Vivienda (DV) la proclama donde el gobernador Luis Fortuño declaró la semana del 9 al 15 de marzo como la "Semana del Arrendatario".

En medio de la crisis económica que afecta al mercado inmoviliario del País que también está detenida para las propiedades que excedan los $400 mil, el Gobierno de Puerto Rico está esperanzado en que tanto el estímulo económico criollo como el federal, impulsen nuevamente la industria aunque sus efectos no se verán hasta finales del 2011, fecha en que se espera comience un experimentarse una mejoría de la recesión.

Sin embargo, Serrano confirmó que aunque se prevé una mejoría para el 2011, lo cierto es que "nosotros tan siquiera sabemos cómo sobreviviremos de aquí a esa fecha. Sobre esto, ahora confrontamos el problema del aumento de las contribuciones a las propiedades que acabará por hacer sucumbir a muchos de los propietarios. Estamos interesados en ver de qué manera ese efecto se puede subsanar con alguna exención contributiva que brinde un alivio a los dueños".

Serrano achacó a factores como la inseguridad dentro del mercado laboral local, la economía global donde la construcción y desarrollo de viviendas como en los Estados Unidos está paralizado, y las noticias de delincuencia relacionadas a la reposesión de propiedades crean un desasosiego a nivel local que también mantiene detenido y a la expectativa al consumidor puertorriqueño que no sabe qué va a pasar con su fututo.

Por su parte, Carlos Portalatín, sub secretario del DV reveló que como parte de los fondos federales de estímulo económico que administrará el gobierno por medio de su agencia estarán dirigidos a la modernización del área de vivienda pública por lo que urgió a la AAPR un reporte de las unidades de viviendas disponibles ante la necesidad que tendrá el gobierno para ofrecer hogares temporeros mientras se realizan las obras de construcción en los residenciales públicos.

"Lo que queremos es tener un estudio listo de las unidades disponibles en cada municipio con sus especificaciones de manera que se puedan agilizar los procesos. Esto ocurrirá como parte de la inyección económica que se administrará con los fondos federales, cuyas obras deberán tardar entre seis meses a un año", dijo Portalatín.

El Sub Secretario explicó que el programa local que mayor cantidad del dinero federal recibirá es el Capital Funds y que será adicional a los $234 mil millones anuales que se otorgan para el proceso de modernización y de mantenimiento extraordinario de las viviendas públicas.

Portalatín recalcó que independiente a la crisis económica que vive el País, lo cierto es que la necesidad de vivienda pública está presente. Al momento, Vivienda maneja 59 mil unidades de interés público, que ofrecen servicios a una población de 250 mil ciudadanos. Por su parte, Serrano afirmó que la AAPR ya está inmersa en un estudio de disponibilidad de propiedades residenciales y comerciales en el País.