5 de marzo de 2009

El Nuevo Dia

Si usted fue de los que escuchó al gobernador Luis Fortuño y pensó que no le tocaría tomar de la medicina amarga porque no es empleado público, ni fuma cigarrillos ni bebe vino o cerveza, piénselo otra vez.

Como quien no quiere la cosa y sin hacer mucho ruido, entre las medidas que considera el Ejecutivo para cuadrar su déficit fiscal se encuentra una que aumentaría el costo que usted paga en la caja registradora en prácticamente todos los artículos de consumo.

La iniciativa, que dispone un cargo adicional a toda la carga que entra por los puertos de la Isla, aumentaría los costos de artículos tan ordinarios como los mapos y las escobas, o tan esenciales como el arroz y las habichuelas.

Además, aplicaría a las cargas de materias primas que utilizan las empresas manufactureras en la Isla para su producción. La medida, que está incluida en el Proyecto de la Cámara 1326, que se radicó ayer en la tarde, autoriza a la Autoridad de los Puertos a cobrar un cargo de $250 por contenedor de 20 pies y $10 por tonelada de carga suelta.

Eso significará que ese costo adicional que paga el importador para poder sacar su carga se lo cobrará al mayorista que, a su vez, lo pasará al detallista y éste al consumidor. Pero más aún, según el economista Santos Negrón, en una economía de débil demanda como la nuestra, es probable que el detallista no pueda aumentar los precios para mantenerse competitivo. Eso implicará que tendría que absorber ese costo adicional, lo que afectará su capacidad de crear empleos o hacer nuevas inversiones.

Según el director de Puertos, álvaro Pilar, la propuesta fue elaborada por el comité asesor del Gobernador, compuesto por el presidente del Banco Gubernamental de Fomento, Carlos García; los secretarios de Desarrollo Económico, José Pérez Riera, y de Hacienda, Juan Carlos Puig, y la directora de Gerencia y Presupuesto (OGP), María Sánchez Bras.

"Es una forma de atraer ingresos al Estado mediante un mecanismo que es fácil de controlar, porque se aplica al contenedor, no al producto", indicó Pilar.

Sin embargo, el gobernador Luis Fortuño indicó que la propuesta fue incluida por error en el proyecto de emergencia fiscal. Según el Ejecutivo, en una reunión en la noche del martes después de su mensaje, se determinó dejarla fuera del paquete, para discutirla como una medida separada.

No obstante, la medida que se radicó ayer en la Secretaría de la Cámara de Representantes aún incluía el texto de la propuesta.

Con la mano en el bolsillo

El cargo, que podría parecer inofensivo a primera vista, tendría un impacto multiplicador en la cadena de precios planteó Negrón.

"Este es un costo que de alguna manera se le terminará pasando al cliente y eso se puede traducir en un incremento en el costo de vida", dijo el economista. El experto explicó que el impacto se multiplica debido a que, por nuestro carácter geográfico, dependemos en gran medida de los productos y bienes que importamos de otros países. Un 98% de lo que entra a la Isla llega por barco, según cifras de la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos (MIDA).

De hecho, Edmundo Rodríguez, presidente del comité de transporte de la Cámara de Comercio y presidente de Néstor Reyes Inc., sostuvo que la carga marítima ha ido incrementando en Puerto Rico debido a los crecientes costos que ha experimentado la carga aérea.

Solo entre julio y noviembre de 2008, Puerto Rico importó $19,015 millones, la mayoría por vía marítima.

Impacto al consumidor

De acuerdo con una evaluación preliminar realizada por la firma Inteligencia Económica y Legislativa, la medida tendría un impacto de $200 millones para el consumidor. Sin embargo, representaría $160 millones en ingresos para el Gobierno, que se dividirían en $80 millones para la Autoridad de los Puertos y $80 millones para el Fondo General. "Con ese dinero tendríamos el flujo de efectivo necesario para poder pagar nuestras deudas y reparar la infraestructura", manifestó el director de Puertos.

Los bonos de la AP fueron degradados tan recientemente como la semana pasada. Sus obligaciones con los bonistas ascienden a $760 millones y tienen deudas con los suplidores que sobrepasan los $120 millones.

Ponen el grito en el cielo

Por su parte, Antonio "Toñito" Silva, presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, quien tampoco parecía informado de que la iniciativa había sido incluida por error en el proyecto de emergencia fiscal, aseguró que esa sección sería excluida. "Eso se va a eliminar del proyecto. Te lo digo yo", sostuvo Silva en una entrevista telefónica, en la que indicó que aún no se había notificado a La Fortaleza.