La pasada semana observamos como el designado Secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), Lcdo. Luis G. Rivera Marín, se convirtió en la primera persona en ocupar dicho puesto en oponerse al proyecto de ley que procura establecer en Puerto Rico la tan discutida "ley limón".

Como es de conocimiento general, el pasado cuatrienio el proyecto de la "ley limón" fue objeto de un extenso trámite legislativo que incluyó numerosas vistas públicas. Al culminar dicho proceso, la medida no solo recibió un voto unánime en ambos cuerpos legislativos, sino también el endoso de la entonces administración del DACO (Alejandro García Padilla y Víctor Suárez Meléndez). El único que no avaló la medida fue el entonces gobernador Aníbal Acevedo Vila (vetó la medida), y todos sabemos cual fue el resultado en las pasadas elecciones.

De acuerdo al designado Secretario del DACO, el proyecto de la "ley limón" "no adelanta los intereses del Consumidor". Además, según éste, "los derechos de los compradores de vehículos de motor en Puerto Rico se encuentran adecuadamente protegidos a tenor con el ordenamiento que ya existe". Respetuosamente tenemos que fuertemente disentir de ambas conclusiones.

Nos parece realmente increíble el que la persona designada a velar por los intereses de los consumidores puertorriqueños realmente pueda pensar que el adquiriente de un auto nuevo se encuentra mejor protegido bajo el ordenamiento jurídico existente, especialmente si se toma en consideración que dicho ordenamiento responde a las disposiciones generales del Código Civil.

Es una cuestión de hecho que las disposiciones generales del Código Civil nunca fueron diseñadas para el manejo técnico de reclamaciones de vehículos de motor. De hecho, dichas disposiciones responden a las necesidades de la sociedad agraria de hace casi 100 años. Además, los casos normativos sobre vicios ocultos del Tribunal Supremo datan de la década de 1970 y 1980. Desde ése entonces, las necesidades de los consumidores contemporáneos han cambiado sustancialmente. Un análisis objetivo demuestra inequívocamente que las guías jurisprudenciales establecidas por el Tribunal Supremo hace más de treinta (30) años ya no son apropiadas para la adjudicación uniforme y justa de estos tipos de reclamaciones.

Los cincuenta (50) Estados de la Nación Norteamericana, y hasta las Islas Vírgenes, han colectivamente reconocido que la mejor manera de regular el cumplimiento de las garantías de autos nuevos es mediante leyes especiales conocidas por el público como "lemon laws". No existe forma de justificar el que Puerto Rico sea la única jurisdicción estadounidense que lo haga de una manera distinta (por medio de disposiciones de carácter general). Máxime cuando en Puerto Rico, debido a la inexistencia de un sistema de transportación colectivo expansivo y confiable, la compra de un vehículo no es sólo una inversión sustancial, sino una necesidad primaria.