23 de febrero de 2009

Primera Hora

Los saqueadores de expedientes en agencias gubernamentales vuelven al ataque.

ésta vez la ganga de delincuentes que se dedican a robar documentos con información confidencial de los ciudadanos cambiaron las escuelas públicas por las oficinas del Departamento de la Familia (DF).

Esta situación causa alarma, pues, se presume que la información hurtada es un negocio lucrativo en la venta de identidades del mercado negro.

La modalidad se presta para el fraude a la hora de presentar documentos para rendir contribuciones y solicitar reembolsos en las planillas federales. Ahora la pesadilla podría sacudir de nuevo al país con los últimos escalamientos de esta índole suscitados los días 9 y 11 de febrero en las oficinas locales de Familia, en Río Grande, del barrio Palmer y del casco urbano.

El coronel José J. Ramos, comandante del área de Fajardo, informó que los ladrones forzaron las puertas de los edificios y sacaron documentación del área. Actualmente, el caso es investigado por el agente Manuel López del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Fajardo, quien espera porque el DF le entregue el inventario de los documentos robados.

Aunque no se precisó la cantidad de expedientes robados, Primera Hora supo que eran cerca de 1,000 y los mismos correspondían a informes personales de clientes de la Administración de Familias y Niños (Adfan) y de la Administración para el Sustento de Menores (Asume).

La documentación tenía información sensible como certificados de nacimientos originales, certificados de vacunas, copias de tarjetas de seguro social y copias de identificaciones como licencias y tarjetas electorales, hasta sentencias de divorcio, sentencias emitidas por el tribunal, ingresos de las familias y sus direcciones residenciales y postales.

El DF espera tener listo para la semana próxima el inventario de los expedientes robados para alertar a los perjudicados. "Se está culminando con el inventario de los expedientes para notificarle a las personas afectadas para que puedan tomar las medidas pertinentes y querellarse a la Policía, expresó en una entrevista Liz Mónica Lamboy, de la oficina de comunicaciones de la agencia, en la que figura como secretario interino Orlando López Belmonte.