20 de febrero de 2009

El Nuevo Dia

De aprobarse el impuesto de un centavo por minuto de uso celular, la inversión por parte de las proveedoras de servicios inalámbricos en Puerto Rico sufriría una reducción de hasta $80 millones anuales, argumentaron ayer ejecutivos de esa industria.

Jorge Martel, vicepresidente de mercado de T-Mobile, confirmó que si el cliente reduce su consumo por el impuesto la industria celular, a su vez, perdería ingresos por $400 millones lo que los obligaría a reducir su inversión.

Según el ejecutivo, en promedio, las compañía celulares invierten entre un 15% y un 20% de sus ingresos en mejoras a sus redes de comunicación. Al haber una reducción dramática en los ingresos, esa inversión sufriría recortes de entre $60 y $80 millones anuales.

La inversión capital de la industria de celulares el año pasado ascendió a unos $350 millones.

Un estudio publicado en Estados Unidos por la American Enterprise Institute, para la investigación de la política pública, reveló que por cada por ciento de impuesto que se aplica al costo del servicio inalámbrico, el gasto del consumidor se reduce en un 1.2%.

Aplicando esta estadística al panorama local, se puede determinar que un cliente cuyo consumo promedio sea de $40 mensuales por 1,400 minutos, vería un aumento en su factura mensual de $17.50, al aplicarle el impuesto de un centavo por minuto de voz utilizado. Esto representa un 32% de incremento en el costo de su servicio. Este impacto provocaría, según el estudio citado, que el consumidor reduzca su gasto en un 38%.

Preocupación en la industria

Jamie Hastings, directora de asuntos de gobierno de T-Mobile en Estados Unidos y Puerto Rico, indicó que la proveedora se encuentra muy preocupada por el impacto que esta medida pueda tener en su empresa, si es aprobada.

"Somos nuevos en el mercado y estamos muy preocupados por la postura que ha adoptado este gobierno en cuanto a la imposición de nuevos impuestos", indicó Hastings. "En Estados Unidos no hay ninguna medida de impuestos similar a lo que han propuesto. No hay comparación alguna con otra implementación de impuestos dentro de la industria", dijo.

Martel explicó que en este momento el gobierno de Luis Fortuño se encuentra haciendo un revisión macroeconómica del impacto que pudieran tener las medidas propuestas por el Consejo Asesor de Reconstrucción Económica y Fiscal (CAREF), más allá del cómputo de contabilidad que se presentó en el informe de recomendaciones.

El ejecutivo señaló que el argumento más fuerte que tiene la industria contra el impuesto, además de la reducción en la inversión local, es la penalización directa que el arbitrio supondría sobre la clase asalariada, ya que el celular dejaría de ser una utilidad y realmente se convertiría en un lujo.

"De igual forma se vería afectada la industria de los pequeños y medianos comerciantes que dependen del celular para realizar las operaciones de día a día", comentó.

Acción legal contra el chavito

Por su parte, Miguel Rodríguez Marxuach, asesor legal de Sprint PCS, indicó que es prematuro entrar en los méritos de una posible acción legal contra la imposición del recaudo, pero no descarta esa posibilidad.