19 de febrero de 2009

El Nuevo Herald

El número de médicos del sur de la Florida acusados de estafar al Medicare aumentó durante el fin de semana con el arresto de otros tres profesionales de la salud acusados de presentar millones de dólares en reclamaciones falsas por tratamientos obsoletos contra el virus del sida.

Los médicos Carmen Lourdes del Cueto, de 65 años; Roberto Rodríguez, de 54; y Carlos Garrido, de 69, seguían bajo custodia el lunes en el Centro Federal de Detención en Miami por cargos de confabulación para reclamar $10 millones en cuentas falsas por servicios relacionados con VIH que los pacientes ni necesitaban ni recibieron, según el encausamiento de un jurado de investigación.

El trío también está acusado de haber lavado $5 millones en pagos del programa federal de seguro médico durante cuatro años, indica el encausamiento.

Los médicos y sus asistentes están acusados de pagar sobornos a cambio de permitir que la clínica de Miami, Midway Medical, usara sus números de Medicare para engañar a ese programa federal de asistencia a los ancianos y los discapacitados.

También estaban detenidos este fin de semana: Gonzalo Nodarse, de 38 años, y Alexis Carrazana, de 41, ambos acusados de falsificar archivos médicos para que pareciera que los servicios solicitados sí eran requeridos. Las autoridades arrestaron asimismo a Alexis Dagnesses, de 44 años, acusado de haber manipulado muestras de sangre seropositivas para obtener informes de laboratorio que indicaban que los pacientes tenían enfermedades que en realidad no tenían.

Las seis personas acusadas, arrestadas el viernes pasado, son parte de una lista cada vez mayor de docenas de médicos del sur de la Florida y ayudantes acusados de haberle cobrado cientos de millones de dólares al Medicare en reclamaciones fraudulentas por terapias intravenosas obsoletas contra el VIH, según la fiscalía.

Esas terapias obsoletas se substituyeron hace unos 15 años con drogas más efectivas contra el retrovirus que se toman por vía oral, según los expertos, pero el Medicare ha seguido pagando la terapia intravenosa porque la agencia todavía la considera "médicamente razonable y necesaria'.

"Fue un momento clave en el tratamiento contra el VIH', dice Michael Wohlfeiler, un médico de Miami Beach, al rendir su declaración como testigo de cargo en un caso de fraude contra el Medicare no relacionado con éste último.

Wohlfeiler, que tiene unos 2,500 pacientes recibiendo tratamiento por VIH/sida, dice que las drogas contra el retrovirus, apodadas "cocteles', convirtieron "una enfermedad prontamente fatal en una mal crónico tratable'.

Aunque la agencia federal que opera el Medicare dice que ha interrumpido pagos "indebidos' por valor de unos $2,000 millones en el sur de la Florida en los últimos cinco años, la agencia y su contratista de reclamaciones en la Florida, First Coast Service Options, han seguido pagando cientos de millones de dólares al año.

"Creemos firmemente que eso ha disminuido', dice Kimberly Brandt, directora antifraudes del Medicare, en una entrevista reciente. "Si la disminución será suficiente, es cuestión de opinión'.

Los funcionarios del Medicare dicen que la agencia no va a ponerle fin a la terapia de infusión contra el VIH porque todavía se considera necesaria en algunos casos, aunque la Oficina del Inspector General del Departamento de Salud y Servicios Humanos emitió una fuerte advertencia en el 2007 sobre la actividad de cobros fraudulentos, especialmente en el sur de la Florida.

El informe del Inspector General anota que las clínicas de VIH del sur de la Florida presentaron reclamaciones de terapia de infusión contra el VIH por valor de $2,200 millones en el 2005: 22 veces el total presentado por las proveedoras en todo el resto de Estados Unidos.

En una carta escrita en respuesta a ese informe, los funcionarios del Medicare recalcaron que la agencia está progresando en la contención de los abusos de las reclamaciones de casos de VIH en todo el estado de la Florida, y anotaron que en el 2004 las clínicas de infusión de VIH en el estado le pasaron cobros de $1,500 millones al Medicare, de lo cual la agencia pagó $1,000 millones. Según ellos, en comparación, las clínicas de la Florida presentaron más de $3,000 millones en reclamaciones por servicios de infusión contra el VIH en el 2005 y el 2006, y el Medicare pagó unos $900 millones en cada uno de los dos años.

El FBI y otros oficiales de agencias policíacas dicen que esa tendencia continúa.

Algunos prominentes médicos de la comunidad médica de Miami no consideran los avances del Medicare como un gran avance.

"¡No se trata de ningún gran éxito!', dice el doctor Bernd Wollschlaeger, que preside la Dade County Medical Association, de 1,500 miembros, en el número de febrero de su publicación Miami Medicine. "La fiesta sigue, y First Coast Service Options sigue pagando'.

Contactado por teléfono, Wollschlaeger consideró decepcionante el hecho de que el Medicare y su administradora de reclamaciones, First Coast de Jacksonville, siguen pagando las cuentas de esa terapia obsoleta en estos tiempos económicos difíciles, especialmente habiéndose visto el extenso fraude en el sur de la Florida.

"Esto tiene que terminar por el bien de nuestro sistema de administración de atención médica', dijo. "Tienen que decidirlo las autoridades, y eso quiere decir los políticos. Esta es nuestra casa. Es donde practicamos. Tenemos que ser responsables'.

Los funcionarios de First Coast no quisieron hacer comentarios y remitieron las llamadas al Medicare.

Mientras tanto, los fiscales siguen con sus casos.

Dos encausamientos por fraude de siete médicos acusados de haber ordenado la administración inexistente servicios de terapia de infusión por valor de $25 millones a expensas del gobierno tienen programados juicios en febrero y marzo. Carmen Lourdes del Cueto está encausada también en uno de esos casos.

Los otros médicos encausados son: Walter F. Proano, Manuel Barbeite, Alejandro Enrique Casuso, Marco Tulio Molinares, Keith Russell y David Rothman.

Para los médicos que quedan convictos, aparentemente los castigos se están recrudeciendo. En diciembre, el juez federal de distrito Federico Moreno condenó a la doctora Ana Alvarez-Jacinto, de 54 años, a una de las penalidades más severas hasta ahora para una persona convicta de fraude contra el Medicare: 30 años.

En octubre la declararon culpable de haber expedido prescripciones falsas en una clínica de pacientes con VIH, en una operación fraudulenta por $1 millón.

La estricta actitud del juez vino después de una serie publicada en agosto por el Miami Herald, que expuso fraudes de miles de millones de dólares en cobros enviados al programa de seguro médico costeado por el fisco por tratamientos de infusiones y equipos contra el VIH.