16 de febrero de 2009

Primera Hora

El representante novoprogresista Jorge Navarro Suárez catalogó como "contradictoria" la posición del secretario designado del Departamento de Asuntos del Consumidor (Daco), Luis Rivera Marín, en contra de la Ley de Cumplimiento de Garantías de Vehículos de Motor.

Navarro, quien preside la Comisión cameral de Asuntos del Consumidor, dejó entrever que la posición de Rivera Marín podría estar influenciada por los grandes intereses.

"No quiero ni pensar que los grandes intereses hayan logrado entrelazar sus agendas dentro de la agenda de gobierno que estamos defendiendo", sostuvo el legislador en un comunicado.

La también llamada "ley limón" busca eliminar demoras injustificadas en el arreglo de vehículos nuevos bajo garantía del manufacturero y obliga a reembolsar al consumidor el dinero que gaste en arreglar un vehículo que esté bajo garantía.

El titular de Daco se opuso a la ley argumentando no es necesaria porque ya el reglamento vigente ofrece protección suficiente al consumidor.

Pero Navarro recordó que los pasados secretarios del Daco, Alejandro García Padilla y Víctor Suárez, entendieron que "era necesario elevar el reglamento a rango de ley porque los consumidores estaban siendo acorralados por un sistema administrativo que no está funcionando".

El representante dijo que seguirá luchando por la aprobación de la medida, que fue aprobada por ambos cuerpos legislativos durante el pasado cuatrienio, pero recibió un veto expreso del entonces gobernador Aníbal Acevedo Vilá.

"Nosotros seguiremos encaminando este proceso porque nuestro plan de gobierno, el cual recibió un claro mandato del pueblo en las pasadas elecciones, incluye tomar todas las medidas necesarias para la protección del consumidor... Francamente, no entiendo la posición del Daco", añadió.

La medida establece que se debe otorgar un carro nuevo o se debe reembolsar el dinero a un consumidor que haya tenido que llevar su auto nuevo a arreglar en cuatro o más ocasiones por el mismo problema.

Puerto Rico es la única jurisdicción estadounidense que no tiene una ley a esos fines.