10 de febrero de 2009
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Agentes federales realizaron el lunes una redada en un planta de procesamiento de cacahuate de Georgia vinculada a una epidemia nacional de salmonelosis que ha ocasionado uno de los mayores retiros de un producto en la historia de Estados Unidos. El FBI ejecutó órdenes de revisión tanto en la planta de Blakely, Georgia, como en las oficinas generales de Peanut Corp. of America en Lynchburg, Virginia, según un asistente de alto nivel del Congreso con conocimiento sobre las redadas. El funcionario habló a la AP pidiendo se mantuviera su nombre en el anonimato debido a que no estaba autorizado para hablar públicamente sobre el asunto. La planta fue identificada como la fuente de salmonela que ha enfermado a cientos de personas y matado a ocho. Las cámaras de la estación de televisión de Atlanta WSB grabaron a agentes del FBI ingresando a la plana y saliendo con cajas y otro material. El lunes temprano, el agente Gregory Jones en Atlanta dijo que el FBI se había unido a la investigación sobre la epidemia. La agencia no respondió de inmediato la noche del lunes un mensaje de la AP buscando más comentarios sobre la redada. El subcomité de investigaciones de Energía y Comercio de la cámara baja, el cual también está investigando cómo llegaron los cacahuates contaminados al suministro alimentario, agendó una audiencia para el miércoles. El subcomité, presidido por el legislador demócrata Bart Stupak, pidió una reunión para el martes para emitir una orden de comparecencia para el presidente de la compañía Stewart Parnell, quien ha indicado que de otra manera no asistiría a la audiencia del miércoles, señaló la fuente del Congreso. Las indagaciones del lunes ocurren tres días después de que investigadores de la Administración de Alimentos y Medicamentos señalaron que Peanut Corp. embarcó a sabiendas los productos con salmonela de su planta de Georgia luego de que exámenes mostraron que éstos estaban contaminados. La ley federal prohíbe producir o embarcar alimentos bajo condiciones que pudieran dañar la salud de los consumidores. El Departamento de Justicia abrió una investigación penal y se han retirado más de 1.550 productos.