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  Por el libro

9 de febrero de 2009

El Nuevo Dia

El secretario de Justicia, Antonio Sagardía, reveló hoy que ha habido un alza en la comisión de delitos económicos y de corrupción, tanto en el ámbito público como en el privado. Aunque no habló de cifras concretas, el titular de Justicia opinó que dicho aumento obedece a que sectores privados entienden que pueden adelantar agendas personales a cambio de sobornar a funcionarios públicos.

"La razón porque ha habido el alza es porque mucha gente piensa que los pueden comprar con dinero (a los funcionarios) y a veces el mismo sistema envía unos mensajes distorsionados que el contratista privado viene y soborna un funcionario y entonces después van, cooperan y no los acusan o le dan seis meses y no pasa nada", sentenció.

Sagardía dijo durante entrevista con Católica Radio de Ponce que se envía un "mensaje distorsionado" cuando a los corruptos del sector privado no se les acusa a cambio de poder lograr la convicción del funcionario o consiguen sentencias bajas a cambio de su testimonio.

"Eso es un mensaje distorsionado porque el mismo sistema, en lugar de desalentar, los alienta porque a la gente le echan seis meses y sigue trabajando, y no pasa nada. Yo creo que el mensaje debe ser el de impunidad", sostuvo.

No obstante, Sagardía admitió que hay veces que entre "dos males", entre el contratista que comete delito versus el funcionario que comete delito, se prefiere acusar al funcionario, y es lo que se ha visto en la jurisdicción de justicia federal.

"Pero tiene que haber un balance porque yo soy de los que creen que si uno va a utilizar a una persona como testigo para acusar a un empleado público y esa persona cometió delito sin presiones también tiene que pagar porque si no el mismo sistema está creando una impunidad también", expresó.

Sagardía dijo que su política pública será que aquellos que cometan delitos, aun cuando haya cooperación de uno, ambos pagarán por los mismos.

Sin embargo, el titular de Justicia admitió que "nada se hace gratis" al explicar que habrá casos en que haya que llegar a algún acuerdo con alguno de los implicados en la comisión de delito, pero será acuerdos para que el "mensaje sea disuasivo para el funcionario y para el ente privado".


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