26 de enero de 2009

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La mayoría de los legisladores demócratas dicen que la forma más rápida de salvar a dueños de propiedades como Troy Butler, de Saginaw, Michigan, que no pueden pagar sus hipotecas, es que se declaren en bancarrota y permitan a los jueces dictar nuevos términos de pago. Eso es más fácil de decir que de hacer, pues quienes prestaron el dinero no desean ser arrastrados a las cortes por millones de deudores.

Butler, de 40 años, es un obrero despedido de General Motors que se ha declarado en quiebra, pero la corte encargada de lidiar con su bancarrota no tiene autoridad alguna para cambiar los términos de su hipoteca, de algo más de 90.000 dólares, que es más del doble del valor real de su vivienda en estos momentos.

La forma más rápida es dar a los jueces autoridad para alterar los términos de los préstamos a residencias primarias, esto es, aquellas que son la habitación principal de un deudor. El resto de las residencias, como una segunda vivienda, o una casa en la playa, o de fin de semana, son reguladas por otras leyes.

La mayoría de los demócratas en la Cámara de Representantes y el Senado respaldan el plan. El presidente Barack Obama informó el viernes a líderes demócratas que también él lo apoya, según un asesor del Senado que no tenía autorización para ser identificado por su nombre.

Por su parte, 10 grupos que representan a la industria crediticia y otros negocios están luchando con ferocidad contra esa propuesta.

La representante Maxine Waters, de California, respalda la propuesta de bancarrota. Ella dijo que la industria bancaria "ha controlado este Congreso durante demasiado tiempo".

Para Steve O'Connor, jefe de cabilderos de la Asociación de Prestamistas de Hipotecas, los nuevos compradores de viviendas terminarán pagando una tasa más alta de interés y mayor cuota inicial si los prestamistas deben cargar con el riesgo de que un juez cambie los términos de una hipoteca.

"Vamos a defender al sector" contra "malas normas públicas", prometió O'Connor.

La solución de la bancarrota no costará dinero al contribuyente, a diferencia del plan de rescate por 750.000 millones de dólares aprobado por el Congreso en septiembre pasado para salvar a la industria financiera, pero ciertamente afectará a prestamistas y a inversionistas que han adquirido hipotecas.

El sector bancario, dice O'Connor, cuenta con programas voluntarios para cambiar los términos de una hipoteca, pero Peter Bagley, abogado de Butler, dijo que es una pesadilla intentar contactar al prestamista de un cliente.

Butler señala que su situación es muy difícil. "Vivo de día en día, con la esperanza de superar la situación", dijo. "Me preocupa mi familia, dónde tendremos que vivir, cómo sobreviviremos", añadió. La situación de Butler es realmente triste. Su esposa está incapacitada y tiene dos hijos, de 15 y 11 años de edad, que aún no pueden trabajar.