26 de enero de 2006

Jueves, 26 de enero de 2006

Por José Javier Pérez
end.jperez1@elnuevodia.com

Los clientes de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) tendrán que pagar aún más por el servicio eléctrico luego que el gobernador Aníbal Acevedo Vilá firmó una ley que obliga a esa corporación pública y a empresas que venden y compran petróleo a pagar patentes municipales.

Si se considera la cantidad de derivados del petróleo que la AEE compró en el 2005, la corporación pública tendría que pagar cerca de $8 millones anuales o más por concepto de este arbitrio, indicó su portavoz de prensa Mabel del Valle.

El impacto al consumidor sería de aproximadamente $6 adicionales por cliente al año, estimó.

Ese dinero se pagaría solamente a los municipios donde se compra, maneja y acarrea combustible, como por ejemplo Guayanilla, Salinas, Cataño, Arecibo, Peñuelas, Guaynabo y San Juan, entre otros, según establece la Ley 126 del 6 de octubre de 2005. En estos municipios están ubicadas termoeléctricas, plantas generatrices de turbinas, muelles por donde se despacha el combustible y áreas para almacenarlos.

Pero este arbitrio - que beneficiará a menos de una decena de municipios - lo terminarán pagando todos los clientes de la AEE, según advirtió durante el verano pasado el entonces director ejecutivo de la AEE, Héctor Alejandro, quien se opuso a la aprobación de esta medida cuando era considerada por la Legislatura.

?La AEE pasará directamente a sus clientes cualquier aumento en este renglón. Esto encarecerá más el costo del servicio eléctrico y tendrá un efecto directo en la disponibilidad de ingresos de los clientes residenciales para otras actividades de inversión o consumo?, dijo Alejandro en su ponencia.

A pagar el .5% de la compra

El arbitrio municipal equivale al .5% del total de la compra de combustible realizada por la AEE. Esto significa, que en la medida en que la AEE compre más combustible, más arbitrios tendrá que pagar, y más costosa se tornará la electricidad para sus clientes cada año.

El efecto de esta ley, que entró en vigor el primero de enero, podría comenzar a sentirse en el bolsillo del consumidor a partir de marzo. Esto porque la AEE mantiene suficiente suministro hasta ese mes el cual adquirió antes de que la ley entrara en vigor, dijo una fuente de la corporación pública.

Aunque el año pasado la AEE combatió la aprobación de este proyecto, ahora la corporación pública parece minimizar el efecto de una medida convertida en ley por el gobernador Acevedo Vilá.

Ayer, el director ejecutivo de la AEE, Edwin Rivera, sostuvo que el impacto en el consumidor será tan mínimo que ni se dará cuenta.

?(El arbitrio) entra en la fórmula de ajuste por combustible pero reiteramos que éste se diluye por los ahorros que estamos logrando y, por lo tanto, el consumidor no lo va a sentir?, indicó en declaraciones escritas.

Proyecto de García Colón

La ley surge del Proyecto de la Cámara 718 sometida por el representante Rafael García Colón. La misma derogó una medida promulgada en 1999 que eximía del pago de patentes municipales a empresas dedicadas a la compra y venta de petróleo y sus derivados, incluyendo a la AEE.

García Colón explicó ayer que esta ley surgió del reclamo de alcaldes que veían cómo sus municipios sufrían toda la contaminación producto del manejo y quema de combustible para suplir electricidad para toda la Isla sin recibir a cambio beneficio económico alguno.

Sin embargo, el legislador indicó que el objetivo de la medida era fiscalizar a empresas privadas que se aprovechaban de la exención para generar cuantiosas ganancias sin aportar beneficios económicos en los municipios donde realizan sus transacciones.

García Colón dijo que no se eximió a la AEE de este impuesto porque cuando se aprobó la ley se pensaba que la corporación pública era el único comprador de petróleo y sus derivados.

No obstante, el representante indicó que ahora se sabe que esa aseveración era incorrecta, por lo cual no descartó que se pudiera someter alguna enmienda para eximir a la AEE de este pago.

?Efecto cascada?

Por otra parte, la Ley 126 del 6 de octubre de 2005 supone un encarecimiento en otros bienes y servicios que ofrecen comercios e industrias, algo que se conoce como el ?efecto cascada?, dijo el economista José Alameda. ?Si el arbitrio se pone como parte del costo de producción, obviamente se traslada al precio final del producto?, dijo el economista.

Lo que podría evitar el traslado de ese costo al consumidor es la competencia, algo que no existe en Puerto Rico, donde la AEE es el único proveedor de electricidad, indicó el catedrático.

Mientras, la electricidad y los derivados del petróleo, como la gasolina, tienen una demanda elástica. Eso significa que la gente los seguirá comprando y consumiendo aunque su precio suba al tratarse de artículos y servicios de primera necesidad, señaló Alameda.