8 de abril de 2006

El sistema de emisión de identificaciones de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) es vulnerable a fraude, principalmente por parte de personas indocumentadas que no obtienen una identidad nueva pero sí un documento que los ayuda a representar que son ciudadanos naturalizados o con estadías legales.

Así quedó expuesto ayer cuando, como parte de una conferencia sobre la coordinación de agencias federales y locales para combatir el robo de identidad, el primer vicepresidente de la CEE, Néstor Colón Berlingeri, confirmó que la entidad ha procesado criminalmente 40 casos por fraude con las tarjetas electorales. Otro número de casos, que ayer no fue precisado, permanece bajo investigación.

El funcionario hizo las declaraciones después de que PRIMERA HORA le preguntara por el caso de la solicitud de información que las autoridades belgas sometieron el año pasado a autoridades federales para que los ayudara a establecer la verdadera identidad de un hombre que arrestaron en dicho país europeo bajo sospecha de pertenecer a una red internacional de narcotráfico y terrorismo. El hombre tenía documentos que lo acreditaban como uruguayo y como puertorriqueño. Uno de los documentos que lo acreditaba como puertorriqueño era una tarjeta electoral a nombre de un tal Rafael Contreras.

Colón Berlingeri admitió que el protocolo de la CEE para emitir las identificaciones es "bastante liberal" y que, desde enero de este año, se le está requiriendo a todo nuevo elector que presente una licencia de conducir o que provea los últimos cuatro dígitos de su número de seguro social para verificar su identidad con la base de datos del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP).

"Esto no es para fines de votar", aseguró Colón a preguntas de si algunos de los procesados había usado su identificación para votar.

Más bien, los indocumentados buscan la tarjeta electoral como un primer paso para seguir obteniendo documentos en agencias de gobierno con los cuales poder encubrir su status migratorio. Uno de los períodos que más aprovechan es los seis meses anteriores a un evento electoral, cuando la CEE básicamente emite la identificación sin pedir ninguna otra información sobre el solicitante que no sea su aseveración de que es ciudadano.

Colón Berlingeri explicó que han tenido casos en los que oficiales de una Junta de Inscripción Permanente han tenido sospecha y, en el acto, contactan a agentes de inmigración federal que ponen a los solicitantes bajo arresto, los procesan, extraditan "y ahí quedó el asunto". Otro de los cambios en ley que la CEE está buscando es convertir en graves los delitos relacionados con el uso y mal uso de la identificación para que el período de prescripción sea mayor.

Sin embargo, en casos con características como el de Bélgica, que suponen una compra o robo de identidad en vez de un engaño a la comisión, los mecanismos para reducir los propósitos criminales de los involucrados son mínimos. Colón Berlingeri señaló que, en esos casos, se invalida el expediente electoral falso que se creó pero la tarjeta en sí sigue circulando y puede seguir sirviendo para otros fraudes o para encubrir la verdadera identidad de un criminal.