13 de abril de 2006

SAN FRANCISCO (AFP) - La oficina de impuestos estadounidense (IRS) pidió a la justicia que revise las cuentas de Paypal, líder mundial de pagos en línea, para saber si algunos usuarios aprovechan este servicio para evadir impuestos, anunció Paypal el miércoles.

Un juez de San José (California, oeste de Estados Unidos) ordenó a Paypal, filial del sitio de subastas en línea eBay, que proporcione datos sobre las transacciones efectuadas desde 1999 -fecha de su lanzamiento-, a través de bancos o cuentas, hacia 35 países considerados como paraísos fiscales, entre ellos Costa Rica, Suiza, Luxemburgo, Malta o las islas Caimán.

Paypal, con sede en California, es un servicio de transferencia de dinero por internet que permite enviar dinero a cualquier persona que tenga un correo electrónico, a unos 50 países.

Sin embargo el IRS sospecha que los usuarios podrían utilizar este sistema para transferir ilegalmente su dinero fuera del radio de acción del fisco, y por eso esperan acceder a los datos de las transacciones vinculadas con países donde las leyes locales puedan proteger a los evasores del escrutinio de las autoridades.

"No hemos decidido todavía qué hacer", dijo Amanda Pires, portavoz de Paypal. "Nos tomamos muy seriamente la privacidad de los datos de nuestros clientes", afirmó.

Actualmente Paypal tiene más de 100 millones de cuentas.

La investigación del IRS lleva ya varios años y se han emitido órdenes judiciales pidiendo información a empresas de tarjetas de crédito, pero ésta es la primera vez que se le pide información directamente a Paypal, dijo Pires.

La justicia ya se había interesado recientemente, a partir de una petición del Gobierno estadounidense, en el gigante informático Google, al pedirle acceso a las direcciones de los sitios de internet visitados por los usuarios de su motor de búsqueda.

El objetivo del Gobierno era defender una ley federal de 1998 diseñada para proteger a los niños de los contenidos pornográficos accesibles en línea.

Sin embargo, tras las protestas de Google y varias asociaciones de defensa de las libertades civiles, el Gobierno bajó sus exigencias y aceptó acceder sólo a 50.000 direcciones de Internet que figuraban en la memoria del motor de búsqueda y 5.000 palabras clave utilizadas por los internautas para acceder a esos sitios.

El ministerio de Justicia había pedido el mismo tipo de información a otros motores de búsqueda como MSN, AOL y Yahoo!, que acataron su solicitud.