25 de abril de 2006

Por Joanisabel González
joanisabel.gonzalez@elnuevodia.com

Si los empleados públicos dejan de cobrar su salario, podrían verse en la situación de tener que explicar a los bancos por qué no pagarán la casa, el carro o las tarjetas de crédito, sin tener certeza de que recibirán ayuda.

La Ley de Ventas de Mercancías y Servicios al Por Menor a Plazos (Ley 68 de 1964) establece que se ?podrá, mediante acuerdo con el comprador, prorrogar la fecha de vencimiento o diferir el pago de todos o cualquiera de los plazos pagaderos bajo dicho contrato?. Pero la aplicación de este inciso de la ley es la excepción, no la regla.

?Cada caso es individual y cada institución determina hasta qué punto puede llegar con su cliente?, dijo Linda Colón, vicepresidenta senior para Crédito a Individuos en Banco Popular.

Explicó que las instituciones financieras trabajan diariamente con situaciones de pérdida de ingreso cuando los clientes quedan desempleados, hay una muerte en la familia o incapacidad física, pero cada caso es único.

?Si 160,000 empleados públicos no reciben su salario, se trata de 160,000 soluciones individuales que hay que buscar?, indicó Colón.

Para hacer un plan de pagos o diferir los mismos, el banco evaluará las circunstancias del cliente, el monto y tipo de préstamo, así como la experiencia de pago del consumidor, en el contexto de la política de riesgo del banco.

?En el caso de Banco Popular, la política del (banco) es buscar una solución para el cliente y para la institución?, dijo Colón. Agregó que el pago diferido está asociado, por lo general, a eventos que desvíen la habilidad de hacer pagos mensuales, como un huracán.

Si se trata de un préstamo hipotecario, el consumidor conversará con la división hipotecaria del banco para llegar a un acuerdo. En los préstamos de automóvil se pueden conceder extensiones de hasta 90 días, pero Colón recalcó que el consumidor tendrá que cubrir el pago del seguro si la póliza está atada a la vida del préstamo.

?Cada vez que se hace una extensión no se perjudica el crédito del cliente?, explicó Colón. Reiteró que las regulaciones establecen un límite sobre el número de extensiones que pueden otorgarse a un consumidor.

En el caso de un préstamo personal, también puede diferirse el pago.

En las tarjetas de crédito, dado que se trata de una cuenta rotativa, la posposición del pago mínimo sólo puede otorgarse por un mes.

Claro está, diferir los pagos no significa que no hay que pagar, sino que se llegará a un acuerdo para cumplir con tal retraso, incluyendo los intereses que se acumulen mientras se atrasan los pagos.

Según el reglamento 6070 emitido por la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) - agencia encargada de aplicar la Ley 68 - el banco debe informar al consumidor por escrito los términos del acuerdo para posponer los pagos.

Aplazar pagos, por ejemplo, no tendrá efecto sobre el balance del principal de la deuda. Debe indicarse a cuánto ascenderá el pago de intereses y cuántos pagos adicionales tendrá que efectuar el consumidor.

Se estipulará que la tasa de interés del préstamo no cambiará y no pueden aplicarse cargos por demora en el caso de pagos diferidos no vencidos.

La OCIF podrá modificar tales disposiciones sólo en caso de emergencia.