31 de mayo de 2006

SAN JUAN/corresponsalEDLP ? El gobierno autonomista anunció que está considerando dejar sin seguro médico hasta 600,000 pobres, reducir los servicios cubiertos y cobra por los que se ofrezcan, lo que constituye el entierro definitivo de un sistema de salud pública que a mediados del siglo pasado fue motivo de admiración internacional.
La bota de las reformas neoliberales, que ahora pisa firme en los sistemas de salud, no se limitó ayer a los pobres que son atendidos mediante el sistema de seguro médico y en la Unión General de Trabajadores se informó que el Departamento de Salud dejó sin efecto el contrato laboral e impugnó deudas ya contraídas con los empleados.

Las acciones vienen a confirmar la información adelantada a EL DIARIO/LA PRENSA por una fuente del oficialista Partido Popular Democrático de que el próximo paso en las reformas neoliberales sería atender los sistemas de salud pública. Es parte de la estrategia abarcadora para reducir el tamaño del Estado, subir las tarifas de los servicios esenciales e implantar el impuesto sobre el consumo -que sobrecarga a los más pobres- a la vez que se eliminan arbitrios pagados por los importadores y se acomoda el sistema tributario a los tratados de libre comercio de Estados Unidos.

Uno de los grandes logros de la llamada "revolución pacífica" que culminó con el establecimiento del régimen autonómico denominado Estado Libre Asociado fue el sistema de hospitales públicos, regados por toda la nación y que atendían a todo el que llegara, sin distingos económicos o sociales.

Ya en las últimas décadas del siglo pasado se comenzó a cobrar a los que tenían plan médico y en 1994 el gobierno anexionista de Pedro Rosselló vendió la mayoría de los hospitales a precio rebajado para sustituir el sistema con un seguro médico para cubrir sólo a los pobres. En los seis años posteriores de gobierno autonomista se han sacado entre 200,000 y 300,000 de los cubiertos por el sistema y ayer la Secretaria de Salud, Rosa Pérez Perdomo, anunció que se considera la posibilidad extrema de sacar hasta el 40 por ciento del millón quinientos mil que queda. Además se evalúan los escenarios de cobrarle a los 900,000 que seguirían con el sistema y de limitar los servicios y tratamientos.

A la hora del cierre de esta edición, la junta de directores de la Administración de Servicios de Salud se encontraba reunida evaluando los escenarios.

A tono con la estrategia propagandística del gobierno, ayer mismo se insistía en que el asunto tiene que ver con si la Legislatura -controlada por la oposición anexionista- aprobará suficiente presupuesto o no. Sin embargo, la propia Pérez Perdomo explicó con claridad que en realidad se trata de un plan entregado hace meses por la Comisión Evaluadora de Servicios de Salud, que determinó que el sistema "no se va a poder aguantar" y que "el dinero del país se iría en pagar los servicios de salud".