13 de junio de 2006

Un pleito de clase que busca devolverle $250 millones a los consumidores puertorriqueños sigue aguantado, mientras que un proyecto de ley que parece incidir directamente en el caso está estancado en la Legislatura.

El pleito, originado en el 2003, y certificado el año pasado, busca compensar a más de 900,000 consumidores residenciales y cerca de 500,000 clientes de negocios por el cargo de Teletecla que la Puerto Rico Telephone (PRT) le cobró por un periodo de siete años, sin que el cargo fuera justificado.

Teletecla

50 centavos

Cargo mensual que PRT le cobrará a los consumidores residenciales

$2.50

Cargo teletecla a clientes de negocios

$3.75

Cargo teletecla a clientes de negocios con cuadros telefónicos

$125 millones

Lo que se estima PRT sobrefacturó a sus clientes por siete años

$250 millones

Compensación que busca el pleito de clase en contra de PRT

Esto debido a que la Ley de Telecomunicaciones de 1996, indican que todo cargo de una proveedora de telecomunicaciones incumbente, como lo es PRT, debe ser basado en costo.

La tecnología Teletecla hace más de una década que se convirtió en un estándar, por lo que a PRT ya no incurría en gastos adicionales para proveerlo.

Sin embargo, la proveedora se mantuvo cobrando el cargo, aún luego de que perdiera un caso en contra de Teléfonos Públicos, empresa que los demandó por este mismo asunto.

Pero un proyecto de Ley que buscaba otorgarle mayores poderes a la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones, incluyendo la potestad para otorgar daños, fue modificado ?misteriosamente? a finales del año pasado. Esa modificación incluyó la fijación de un tope de $5 millones en la cantidad de daños que se le podía exigir a la proveedora del servicio.

En ese momento, los autores del proyecto original, incluyendo Victor García San Inocencio, Georgie Navarro y Héctor Ferrer, afirmaron desconocer quién modificó el lenguaje del proyecto.

Luego de esto, PRT solicitó una desestimación del pleito de clase, moción que todavía está bajo la consideración del Tribunal Apelativo.

Sin embargo, los autores del proyecto original redactaron una nueva medida derogando las misteriosas modificaciones a la ley.

Harold Vicente, abogado de Vicente y Cuebas, quien lleva el pleito de clase, denunció ayer el hecho de que ese proyecto, el P. de la C. 2317, está aguantado en la Comisión de Reglas y Calendario, presidida por la representante Iris Miriam.

Ruiz ha demostrado oposición al caso debido a que ?beneficiaría un abogado?. ?¿Y quién protege a los consumidores??, cuestionó Vicente, al enfatizar que PRT se mantuvo cobrado cargos por un servicio que en los Estados Unidos se había dejado de cobrar hace años atrás.

Por su parte, José Chico Vega, quien dirige la Comisión de Desarrollo Socioeconómico y Planificación de la Cámara de Representantes, indicó que ya el proceso de vistas para dicha medida culminó y reiteró que lo favorece.

Pero indicó que ahora queda en manos de Ruiz, que lo ubique en calendario.