13 de junio de 2006

Mientras la Cámara de Representantes se presta a imponerle el ?sales tax? a los vehículos de motor sin reducir los arbitrios que ya pagan en los puertos, tienen a la vez estancada la ?ley limón? que protegerá al consumidor.

San Juan, PR ? Luego que en el Senado los consumidores se apuntaran una gran victoria frente a los grandes intereses de la industria automotriz, la discusión de la ?ley limón? de autos se ha amargado en la Cámara de Representantes. Así lo expreso el Sr. Ignacio García, presidente de www.limonauto.com, luego que fuentes dentro del Senado le informaran que la Cámara de Representantes no ha respondido a esfuerzos dirigidos a la aprobación final de la medida que el Senado aprobó por unanimidad el mes pasado.
?No se percibe en la Cámara el mismo tipo de urgencia y atención por la medida que se percibió en el Senado. Esto es muy preocupante toda vez que es la propia Cámara que se presta a imponerle el ?sales tax? o impuesto al consumo por encima de los arbitrios que ya pagan los vehículos de motor en los puertos?, expreso García.
En las últimas semanas el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes, Antonio Silva Delgado, ha reiterado públicamente que no ve viable el reducir los arbitrios a los vehículos de motor, bebidas alcohólicas, y hasta el crédito compensatorio por salarios, al menos durante el primer año de la reforma contributiva.
García opino que el imponerle el ?sales tax? a los vehículos sin aprobar la ?ley limón? de autos y sin reducir los arbitrios que actualmente pagan será devastador no solo para el consumidor, sino también para el propio fisco. ?El Gobierno tendrá que hacer algo para incentivar la venta de autos nuevos si no quieren ver sus finanzas seriamente afectadas. Según los más recientes números de Hacienda, en el presente año fiscal el gobierno se quedo corto por $48 millones, de su estimado de $607 millones, en recaudos de arbitrios por vehículos de motor. Para el próximo presupuesto, el del año fiscal 2007, Hacienda estimó $637 millones en recaudos. Sin embargo, como están las ventas de autos, si llegan a $537 millones el año que viene será mucho, dijo García.
La "ley limón", propulsado por el vicepresidente del Senado, Orlando Parga, busca eliminar demoras injustificadas para arreglar carros que estén bajo garantías y además limitar la cantidad de autos que transiten con defectos que afecten la seguridad de sus conductores. La medida legislativa también exige que se le otorgue un carro nuevo o se le reembolse el dinero a un cliente que haya tenido que llevar su auto a arreglar en tres o más ocasiones por el mismo problema. El proyecto cuenta con el endoso del secretario del Departamento de Justicia, el Lcdo. Roberto Sánchez Ramos, y del secretario del DACO, el Lcdo. Alejandro García Padilla.
Parga ha dicho que los carros de baja calidad se envían a Puerto Rico porque la Isla no tiene ningún tipo de ley contra los autos limón, a diferencia de todos los estados que sí gozan de esa protección desde la década de los 80?s. Parga además ha señalado que no encuentra manera de justificar el que los puertorriqueños continúen siendo los únicos ciudadanos americanos que no cuenten con este tipo de protección tan fundamental.
Según García, el voto unánime del Senado envió un mensaje contundente sobre la importancia de la medida. ?En el Senado la aprobación de esta medida trascendió las líneas partidistas, por lo que no existe razón alguna que justifique el que la Cámara de Representantes deje de aprobarla antes que culmine esta sesión legislativa el 30 de junio. Además, las recientes interrupciones en el servicio de la Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA) han puesto una carga aún más pesada sobre el jefe de familia que depende de su automóvil para llegar a su trabajo. Anticipo que los consumidores estarán muy pendientes de cómo la Cámara atiende esta importante medida?, puntualizó García.

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Limon Auto, Corp. es una corporación sin fines de lucro que se especializa en asistir a consumidores en reclamaciones de vehículos de motor y además es un fuerte promotor de nueva legislación en protección de diversos derechos del consumidor puertorriqueño.