18 de agosto de 2006

Miles de propietarios de casas y comercios en el Condado Miami-Dade han pagado millones de dólares en trabajos de reparación en estos dos últimos años sin saber que éstos eran ilegales.

Los propietarios han sido víctimas de un fraude de licencias de contratistas del condado que involucra al menos 178 compañías, códigos robados de computadoras y cajas llenas de dinero para tres empleados condales, uno de los cuales se encuentra fugitivo. Los funcionarios han recuperado $250,000.

Los tres empleados de Building Code Compliance Office crearon las licencias falsas y las vendieron a compañías que no podían obtenerlas o que no querían esperar el tiempo requerido para recibir la licencia, dijeron los funcionarios. Los contratistas pagaron entre $2,000 y $15,000 por cada licencia falsa.

Después de obtener la licencia y encontrar trabajo, las compañías recibían permisos de construcción e inspecciones finales del condado.

'Se burlaron del sistema completo', dijo la fiscal estatal Katherine Fernández Rundle.

La noticia del fraude hizo que varias ciudades de Miami-Dade planearan detener algunas construcciones y al mismo tiempo suscitó preguntas de los propietarios.

En Coral Gables, los funcionarios de construcción y zonificación inicialmente pensaban detener ayer la construcción en las propiedades donde trabajaban los contratistas ilegales. Pero cuando el número aumentó a 45 propiedades y 21 contratistas, decidieron hacerlo hoy.

Dos propiedades que serán inspeccionadas: el Biltmore Hotel, donde se hizo un trabajo eléctrico. Y la piscina de Ann Munley, de 80 años, en Country Club Prado.

'Ay, Dios mío. ¿Qué va a pasar con mi piscina y conmigo?', preguntó Munley, preocupada, cuya piscina estaba siendo reparada por Florida Paradise Pool & Patio. ``Vivo en esta casa desde 1951 y mi esposo y yo siempre hemos hecho las cosas bien'.

Sweetwater, Miami Beach y varios municipios estaban recopilando las listas.

'Esos permisos en estos momentos son considerados cancelados', dijo el asistente del director de construcción de Miami Beach, Richard McConachie, cuya oficina había identificado ocho contratistas ilegales de plomería.

El anuncio de uno de los fraudes más grandes en años en Miami-Dade se hizo en una conferencia de prensa en la oficina de la fiscal estatal.

Hasta ahora, la policía de Miami-Dade ha identificado 3,300 víctimas en partes no incorporadas del condado. Los detectives dijeron que no se sabe cuántos han sido afectados en el condado o en sus 34 municipios. En un año promedio, Building Code Compliance Office (BCCO) aprueba unas 1,800 licencias de contratistas.

El condado está tan preocupado por el número de personas que pudieron haber sido engañadas que su equipo del centro de llamadas 311 estaba preparado para una oleada de preguntas.

El supuesto jefe de la red de fraude, Lázaro Herrera, administrador de las oficinas de BCCO, con un sueldo de $89,400 anuales, no se entregó a la policía ayer, como prometió, dijo el director de la Policía de Miami-Dade, Robert Parker. Agregó que la policía está vigilando el Aeropuerto Internacional de Miami por si trata de huir del país.

Herrera, Joaquín Barros y Jerry Hernández han sido acusados de robo, conspiración, ardid para defraudar, acceso ilegal a la red de computadoras del condado, conducta impropia oficial y compensación ilegal, De ser convictos podrían encarar 20 años de prisión.

Barros, un contratista de la oficina de BCCO, con un sueldo de $26,600 anuales, y Hernández, un analista del departamento, que gana $61,600, se entregaron a la policía de Miami-Dade y están detenidos en la cárcel del condado. La fianza de Barros se ha determinado en $250,000; la de Hernández en $350,000. Para pagar la fianza, ambos deben mostrar pruebas de dónde proviene ese dinero.

El administrador del Condado, George Burgess y el director de Building Code Compliance Office (BCCO), Herminio González, dijo que la policía y el departamento de Construcción estaban tratando de contactar a cualquier persona que contrató un contratista en los últimos dos años. Prometieron que los inspectores visitarían las casas para inspeccionar los trabajos y que cualquier dinero que se recupere de los contratistas irá a los propietarios para costos adicionales.

El director de Construcción, Charles Danger, escribió una carta exhortando a los residentes a no confrontar a los contratistas y pedirles que detengan el trabajo 'inmediatamente'. También les pidió que presentaran una carta notarizada al departamento de Construcción, que comenzará el proceso de transferir los permisos obtenidos fraudulentamente a contratistas licenciados.

Burgess también dijo que el condado perseguirá a los contratistas. 'Son culpables también', precisó.

Según la policía de Miami-Dade, la secuencia de eventos que condujeron a los cargos comenzó cuando una mujer llamada Maritza Bermúdez fue citada por hacer un trabajo sin una licencia de contratista. Bermúdez le dijo al supervisor de BCCO, José Lezcano, que le habían dado una citación por error y se jactó de que sabía dónde comprar una licencia.

Lezcano luego revisó el número de licencia de un contratista que Bermúdez le dio, que no era el de ella. Notó que se la habían dado en sólo cinco días sin los requisitos como prueba de seguro e investigación de crédito. La mayoría de las licencias demoran de cuatro a seis semanas.

Los investigadores de BCCO encontraron más licencias ilegales, incluyendo 138 en la computadora de la empleada Shirley Brown. Un chequeo mostró que varias de ellas se hicieron cuando Brown no estaba trabajando.

La policía de Miami-Dade fue notificada y comenzó una vigilancia. En una ocasión vieron a Herrera imprimir tres licencias, llevárselas a Barros en un auto que esperaba y luego regresar con un sobre.

La policía obtuvo los récords de llamadas de celulares de Herrera y encontró más de 100 llamadas entre Herrera, Barros y Hernández. Luego se enteraron de que Herrera había robado el código de la computadora de Brown.

Un registro de sus casas encontró unos $250,000 en efectivo, la mayoría en cajas en la casa de Herrera. Unos $60,000 se encontraron en cajas de zapatos propiedad de Hernández.