30 de agosto de 2006

Varios funcionarios de gobierno alertaron sobre el efecto negativo que tendrá en la población de edad avanzada la eliminación de los subsidios por parte de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).

Los comentarios surgieron en una vista de la Comisión cameral de Desarrollo Socioeconómico, a la que asistieron la directora ejecutiva de la Oficina de Personas de Edad Avanzada, Rossana López León; el asesor legal del Procurador del Ciudadano (OMBUDSMAN), Rolando Meléndez; y el director asociado en Política Pública de la AARP, Federico González Denton.

En la vista trascendió que la AAA limita los subsidios a las personas mayores de 65 años que sean beneficiarias del PAN y TANF.

López León señaló que la población de edad avanzada en Puerto Rico va en ascenso. Explicó, además, que el Censo pasado reveló que el 56% de la población de edad avanzada de Puerto Rico se encuentra bajo el nivel de pobreza. "Quiere decir que, a medida que estas personas se acogen a la jubilación o comienzan a recibir el seguro social, sus ingresos disminuyen significativamente", dijo López León.

Aseguró que esa población presenta un deterioro en sus condiciones de salud, por lo que invierten mucho dinero en medicamentos y tratamientos.

Mientras, Meléndez señaló que "es imperativo indicar que el servicio de la AAA no es un privilegio, es un derecho social, un producto esencial para la subsistencia humana y el Estado está obligado a prestarlo de forma adecuada".

Adelantó que la investigación que realiza esa oficina ha mostrado que en las oficinas comerciales no le han garantizado los derechos que cobijan a las personas de la tercera edad o con impedimentos.

Por su parte, González Denton indicó que los subsidios que otorga la AAA a las personas de edad avanzada no son suficientes para atender las necesidades de ese grupo.

Enfatizó que los subsidios deben concederse a las personas de 60 años o más porque son las cobijadas por el Gobierno en la Carta de Derechos de las Personas de Edad Avanzada.

"Existen grandes lagunas en cuanto a la reglamentación existente para establecer los parámetros de aplicabilidad a los subsidios. Antes de considerar recortes en este sector, el Gobierno tiene la responsabilidad de considerar otras medidas para resolver su crisis", aseguró.

Destacó, por otra parte, que actualmente las personas de 65 años o más que no reciben el PAN o el TANF están perjudicadas porque no cuentan con el subsidio y, para colmo, tienen que pagar por una cantidad de agua que no consumen, ya que gastan menos de lo contemplado por la AAA en la tarifa básica.

"Aunque reconocemos la grave situación fiscal de nuestro gobierno y de las corporaciones públicas, no podemos olvidarnos de la realidad de los más necesitados. Las insuficiencias operacionales no deben ser pagadas por nuestros envejecientes", manifestó.