2 de septiembre de 2006

Atraco sin precedente.

Debido a que consumidores, pequeños y medianos comerciantes están acorralados por la "doble tributación" en ciernes, el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) arremetió contra la Reforma Contributiva aprobada por constituir "un atraco sin precedente" para la clase media, trabajadora y asalariada.

Los planteamientos fueron hechos separadamente por el secretario general del PIP Juan Manuel Dalmau y la senadora pipiola María de Lourdes Santiago.

Dalmau dijo que, contrario a lo expresado por el secretario de Asuntos del Consumidor, Alejandro García Padilla, "la doble tributación es inevitable y su efecto inflacionario será terrible para el bolsillo del consumidor".

Precisó que el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) "no tiene la capacidad ni los recursos para fiscalizar cada producto de los cerca de 90 mil negocios al detal que hay en Puerto Rico para evitar la doble tributación".

Esos cerca de 90 mil comercios al detal, explicó, tienen en sus inventarios productos que han comprado pagando el arbitrio del 6.6% y, en el caso de los productos no perecederos, ese inventario puede tardar de seis a ocho meses para su venta.

Por lo tanto, agregó a modo de una ecuación, "cuando entre en vigor la Reforma Contributiva en noviembre, los consumidores pagarán el arbitrio del 6.6% - que con el efecto cascada puede aumentar hasta el 11% - más el 7% de sales tax".

Dalmau también argumentó que no existe garantía alguna de que los comercios bajen los precios luego del 15 de noviembre, cuando entrará en vigor el impuesto sobre la venta de 7 por ciento.

A tenor con la realidad, el también comisionado electoral del PIP dijo que con excepción de los productos básicos cuyos precios puede regular el Gobierno, existen otros bienes cuyos precios no se pueden regular, por lo que los comercios tienen discreción de mantener los mismos precios, aún cuando no paguen el arbitrio del 6.6 por ciento.

En tanto, la senadora Santiago advirtió que la consideración tardía del Departamento de Hacienda sobre la posibilidad de la doble tributación y de las medidas para evitarla, coloca a los 90 mil comerciantes puertorriqueños en desventaja frente a las megatiendas.

Hizo alusión al acuerdo de colaboración entre la gerencia de Wal-Mart con el secretario García Padilla, en el que dicha empresa se compromete a eliminar el arbitrio del 6.6% cuando entre en vigor el sales tax de siete por ciento a partir del 15 de noviembre próximo.

"Lo que la gerencia de este monstruo corporativo y el DACO deberían decirle a los consumidores es que, mientras las megatiendas adquieren mercancías directamente de los fabricantes, sin intermediarios y en un extraordinario volumen, la mayoría de los negocios en Puerto Rico sufre el impacto del efecto cascada del arbitrio general, debido a la intervención de múltiples intermediarios, a quienes el Gobierno no les reclamará el no cobro del arbitrio general", argumentó la legisladora.

Tras cuestionar "la prudencia" de que jefes de agencias reguladoras como el DACO se presten a estrategias publicitarias que favorecen a algún comercio en particular", Santiago dijo que la realidad es que el empresario local está entre la espada y la pared.

"Los grandes establecimientos tienen, además, la posibilidad de manipular precios según les convenga, de mover los inventarios tanto en los libros como físicamente y de influir en la decisión de compra del consumidor mediante prácticas publicitarias orquestadas con tales propósitos", consignó Santiago.

Advirtió que esto es algo que ni el DACO ni ninguna agencia reguladora ha podido evitar y, por lo tanto, no existe garantía alguna de que a partir del 15 de noviembre se pueda erradicar como práctica común de estos grandes establecimientos.