21 de septiembre de 2006

Por: Ileanexis Vera Rosado

En los pasados tres años, el costo de construcción de la vivienda en la Isla ha aumentado en un 30%, como resultado de los altos costos de los códigos de construcción, el aumento en el precio de la gasolina y en el precio de los agregados y demás materiales; así como de los costos relacionados con los permisos y reglamentaciones.

Durante el 14to. Congreso de la Vivienda, celebrado en el Hotel Condado Plaza, se expuso que ante este incremento en los costos de construcción ya no es viable construir una vivienda básica de $80,000, las cuales están en el renglón de interés social. Según los deponentes, hay que buscar alternativas entre el gobierno y los desarrolladores que hagan viable la compra de una vivienda bajo los $100,000. Según los desarrolladores, ante la realidad actual, una casa de interés social no puede ser construida por menos de $110,000, cifra que está $20,000 por encima de la cantidad fija actual.

A pesar de que en términos generales la construcción de una residencia unifamiliar es más económica que cualquier otro tipo de vivienda, cada día son menos los desarrolladores que están dispuestos a construir este tipo de proyecto residencial.

Sin embargo, no parece que todo esté perdido dentro de la industria. Entre las recomendaciones brindadas para continuar haciendo viable la construcción de viviendas en la Isla y el acceso de ellas a los consumidores, ante un déficit actual de 90,000 unidades, es aumentar el precio de la vivienda de interés social, ofrecer alternativas de subsidios a los compradores que compense el aumento en el precio de venta y evaluar nuevos diseños estructurales y arquitectónicos en las viviendas que contribuyan a la reducción de los costos de construcción.

A ello sumaron la identificación de agencias de gobierno relacionadas con los procesos de endoso, para que puedan eximir -como política pública- los cargos de radicación, aportaciones correspondientes a dichas agencias, aumentar las exenciones contributivas por unidad de vivienda de clase media (80% de FHA en la región) y fomentar, en la legislatura, una enmienda a la ley de municipios autónomos para poner un tope a los arbitrios municipales.

Por otra parte, los costos relacionados con los permisos y reglamentación continúan siendo un gran problema para la industria. Se estima que estos costos superan ampliamente el 20% del total del costo de construcción de la vivienda. Ante esta realidad, los desarrolladores solicitan la eliminación de la doble y triple tributación que multiplican los costos de construcción, y limitar y uniformar los arbitrios de construcción en los municipios.

Otras alternativas presentadas fueron: la clasificación de los suelos de acuerdo con las necesidades actuales del desarrollo económico y social de la Isla, lograr una reforma total del proceso de permisos y eliminar los formularios y procesos onerosos e innecesarios que crean duplicidad y triplicidad de dicho proceso.