2 de noviembre de 2006

Por: El Vocero


Víctor Rosario Couvertier, jubilado, de 84 años, que vive con tres personas más en su hogar de Bayamón, aguardaba ayer resignado por un turno en una oficina comercial de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) para objetar una factura de $2,391 que le llegó por 28 días de consumo.

Ugalina Alvarado, también de edad avanzada, se levantó temprano en la mañana para objetar por tercera vez una factura que le llegó de $476, por un consumo de 29 días, en una casa donde sólo vive ella y una persona más.

Los dos estaban sentados en primera fila en la oficina comercial del Cantón Mall, hasta donde llegó ayer en la mañana el procurador del Ciudadano, Carlos López Nieves, para confirmar lo que constituye la gran mayoría de las querellas que llegan hasta él.

Tras estar en la oficina por más de media hora, el Procurador se dirigió a los presentes y empezó a hacer sus entrevistas a viva voz. Censó a los clientes que levantaban la mano ante sus preguntas. Sólo una persona acudió a la oficina porque necesitaba su factura para el pago. Nadie estaba allí para reportar roturas. Unos 17 fueron a objetar su factura y de esos 17, unos 13 aseguraron que no era la primera vez que se presentaban allí por el mismo problema.

Pero la directora, cuyo nombre no quiso ser ofrecido ni por los empleados, nunca salió a atender al Ombudsman y tan pronto como el funcionario comenzó a hacer preguntas a viva voz, él, su personal y la Prensa fueron obligados por el oficial de seguridad privada, Serafín Cintrón, a salir de la oficina. Ello no evitó que numerosos clientes se acercaran a dar su queja personalmente al Procurador.

En el caso de Don Víctor, con una factura en mano de $2,391, cuestionó el aviso amenazante que recibió de la AAA de que le suspenderían el servicio. Al igual que todos los que estaban allí, Don Víctor desconocía que de acuerdo a la Ley 133, él puede pagar lo que entiende que es su consumo hasta que la AAA realice una investigación. Si aún así, la investigación no le satisface, la AAA está obligada a ofrecerle un abogado independiente para objetar legalmente el pago.

Es ley también que esa protección contenida en la Ley 133 esté visible en algún lugar de la oficina comercial a modo de aviso, pero en su lugar sólo habían letreros que advertían que "el hurto del agua es ilegal". El Procurador cuestionó la falta de letreros, a lo que un empleado respondió "mire papá, aquí hay folletos que lo dicen". Ninguno de ellos fue distribuido.

Doña Ugalina fue a objetar su factura porque en ese mes que se le atribuye haber consumido $476 en agua, tres semanas estuvo en Estados Unidos. A base de la explicación del Ombudsman, doña Ugalina dijo entender que sólo tenía que pagar $12.10 y eso iba a reclamar.

"Algo bien importante es que aquí atienden a un impedido por cada seis clientes regulares, y a veces son las cuatro de la tarde y quedamos todos impedidos", relató la mujer.

De hecho, una dama que no quiso ser identificada, llegó a la oficina con su factura de $275 y un boleto de una línea aérea que confirma que estuvo fuera todo ese mes.

María Luisa Rivera, del barrio Pájaros de Toa Baja, tenía una factura por $296.94, por 29 días de consumo. También la fue a objetar, algo a lo que ya se ha acostumbrado. "Antes yo pagaba una porquería y yo sé que aumentó el agua, pero en casa somos tres personas que nunca estamos en casa y esta factura no puede ser", dijo.

A punto de marcharse del centro comercial, el Ombudsman se encontró con Pedro Acevedo, director auxiliar de Servicio al Cliente, a nivel central, quien dijo que la AAA está haciendo ajustes y reclamó que han logrado que el tiempo de espera en las oficinas comerciales se reduzca en una hora. Le explicó al Ombudsman que la AAA desconocía que él se presentaría a esa oficina para justificar la falta de atención. "Yo no puedo avisarte porque vas a brillar hasta las patas de los escritorios y esa no es la idea", le respondió López Nieves.