6 de diciembre de 2006

El Vicepresidente del Senado, Orlando Parga, insistió en la necesidad de que la Cámara de Representantes actúe sobre un proyecto de ley que le da la facultad al Departamento de Asuntos del Consumidor para aumentar a un tope de $25,000 las multas que pueden imponer a los comerciantes que violan sus reglamentaciones. Dicho proyecto fue aprobado por unanimidad en el Senado en enero de este año y aun se encuentra pendiente en una comisión cameral.

La medida originalmente disponía una multa de $ 40,000.00. Parga explicó que la misma no iba dirigida al pequeño y mediano comerciante sino a las grandes cadenas de establecimientos comerciales. Posteriormente, la multa que impondría el Proyecto del Senado 1020 se redujo a $ 25,000.00

Parga, quien además de ocupar la Vicepresidencia del Senado, es el Presidente de la Comisión de Asuntos Federales y del Consumidor expresó que no hay razón alguna para que la Cámara no haya actuado sobre un proyecto de tanta importancia para la defensa de los consumidores en los momentos en que han coincidido toda una serie de circunstancias que los están afectando.

Expresó que esta medida es necesaria para proteger al consumidor puertorriqueño de las grandes cadenas que año tras año repiten el mismo esquema de promover especiales de artículos que luego  no están disponibles. Las multas que actualmente puede imponer el DACO no son disuasivo suficiente para una multimillonaria operación comercial que no presta caso a multas que para ellos son insignificantes.

“Le he tratado de explicar a los compañeros legisladores que el estado de California tiene las leyes más estrictas y severas de la nación para proteger a sus consumidores y aun así todas las grandes cadenas invierten en dicho estado como lo hacen en otros estados y territorios, pero con sumo cuidado para no violar las leyes estatales y tener que arriesgarse a pagar multas de $50,000.00 que son las que prevalecen en dicho estado,”añadió.

Parga manifestó que muchos legisladores han sucumbido ante los argumentos de los cabilderos de las empresas que alegan que estas medidas que se proponen desalentarían la actividad económica en la Isla.

“La experiencias en los Estados Unidos en lugares tales como California le dan un rotundo mentís a esas falacias que sólo persiguen evitar la legislación en pro de los consumidores utilizando el recurso de meter miedo, prácticas tan usuales en Puerto Rico en tantos otros aspectos del debate público, terminó diciendo el senador.