26 de diciembre de 2006

Por: El Vocero

El
diseñador Luis Antonio Santiago Cerra fue referido por uno de sus
acreedores para que el Departamento de Justicia de Estados Unidos
investigue un alegado intento de fraude de su parte al proceso de
quiebra, al que se acogió hace cinco meses.

Hace unos días, el
licenciado Gino Negretti Lavergne, radicó una moción en la Corte de
Quiebra objetando que se continúe el caso del diseñador como uno de
Capítulo 13. Pidió que se convirtiera de inmediato en un caso de
Capítulo 7, y que se refiriera al Departamento de Justicia, alegando
que quedó demostrada "su mala fe y mala utilización del proceso de
quiebra".

Negretti Lavergne representa a la empresa Raquemir,
S.A., con base en Panamá, con quien Santiago Cerra mantiene un acuerdo
contractual para el diseño y mercadeo de su ropa "Luis Antonio" y
"L.A". Raquemir, S.A. mantiene una demanda contra el empresario por
incumplimiento de contrato y reclama deudas por $32,000. Negretti
Lavergne no accedió a una petición de entrevista de EL VOCERO.

Aunque
la moción presentada por Raquemir, S.A. no establece cuáles son las
bases para alegar que Santiago Cerra utilizó fraudulentamente el
proceso, una minuta que figura en el expediente electrónico del
tribunal, apuntó el pasado 7 de noviembre que el síndico del caso tiene
serias dudas sobre la veracidad del ingreso reportado y sobre la
administración de la corporación.

Santiago Cerra, un importante
diseñador, sólo reportó un ingreso mensual de $1,200 ?con gastos de
$900- y aseguró que es empleado de la corporación LAVG, Inc, que
supuestamente es propiedad de su hermana.

El síndico objetó el
plan de reorganización de deudas de Santiago Cerra argumentando que no
pudo proveer evidencia que sostuviera la alegación de que sólo devenga
$1,200. Tampoco proveyó documentos relacionados al Servicio de Rentas
Internas (IRS, por sus siglas en inglés) ni reportó las regalías que
debió recibir de Raquemir, S.A. El síndico establece además, que
evaluaría si el diseñador reportó todo el dinero con que contaba en el
periodo previo a radicar la quiebra. Señaló, además, que la corporación
?alegadamente de su hermana? "paga directamente los gastos del deudor".

Con
un sueldo de $1,200 mensuales, el diseñador cuenta con un Mercury
Cougar de 1996, una Dodge Durango de 2000, una Jaguar S-4, de 2000, una
casa localizada en Canóvanas, con un valor en el mercado de $218,000,
un apartamento en el Condominio Costa del Sol, en Isla Verde, con un
valor de $225,000 y un solar y estructura en el barrio Palmasola de
Canóvanas, de unos $208,000 de valor.

También se desprende que,
Santiago Cerra aseguró al solicitar el proceso que ésta era la primera
vez que se acogía a la quiebra, a pesar de que ya lo había hecho en el
2004, aunque había desistido de la misma.

El diseñador pidió
inicialmente, al amparo del Capítulo 13 de quiebra, lo que se conoce
como un ‘ajuste de deudas’, que requiere radicar un plan de pago para
el pago de todas o parte de la deuda. Pero ahora sus acreedores exigen
que su caso se convierta a uno bajo el Capítulo 7, que permitiría la
liquidación de propiedades no exentas del deudor y pagar las deudas
hasta donde alcance.

Entre los acreedores de Santiago Cerra
figuran la Autoridad de Energía Eléctrica, la Autoridad de Acueductos y
Alcantarillados, el Municipio de San Juan, Citibank, Eurobank, First
Bank, American Express, Departamento de Hacienda, Kandor, Lease.com,
Alfredo Méndez, Elvin Hernández Durán, Antonio Martínez, Jackeline
Franceshi, entre otros.

La Corte de Quiebra y el Negociado de
Investigaciones Federales (FBI, por sus siglas en inglés) mantienen una
ofensiva contra el fraude en los procesos de quiebra, en virtud de una
ley firmada por el presidente George W. Bush el año pasado, que busca
asegurarse de que el sistema le sirva bien a gente honesta, con
problemas económicos.