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  Por el libro

28 de diciembre de 2006

Por: El Nuevo Dia

 Los municipios de San Juan, Quebradillas y Guaynabo firmaron acuerdos judiciales en la corte federal para eliminar barreras arquitectónicas existentes en diversas instalaciones y establecer mejores políticas de comunicación con las personas con impedimentos, una población estimada en cientos de miles en el País.

Los acuerdos surgen como resultado de pleitos legales que presentó la corporación sin fines de lucro Disabled Americans for Equal Access, Inc., por violaciones de los municipios a la Ley Federal de Impedidos (ADA, por su siglas en inglés).

Abriendo caminos

Los acuerdos principales de San Juan, Quebradillas y Guaynabo son:

- adaptar baños

- construir rampas

- facilitar acceso a edificios

- reclutar un coordinador de la ley ADA

- mejorar la comunicación con los impedidos

Los mismos tardaron entre tres y cuatro años.

 Tienen fuerza de ley adicional en la medida que representan un compromiso ante la corte, y el incumplimiento puede conllevar sanciones como desacatos y multas económicas, dijo Lorenzo Palomares, abogado que encabezó los tres casos.

Palomares dijo en entrevista telefónica que “en términos generales” los ayuntamientos han cumplido con parte de los acuerdos.

 Aunque en el caso de San Juan se supone que pagaran desde principios de diciembre unos $90,000 acordados ante el tribunal.

 El abogado ha llevado unos 25 casos relacionados a los derechos de personas con impedimentos. Contra los municipios ha dirigido sólo los tres que produjeron el acuerdo y recién comenzó uno contra el municipio de Carolina. El abogado explicó que Disabled Americans for Equal Access, Inc., nació hace unos 10 años en California.

Aunque en la demanda se identifican como una entidad del estado de Florida, Palomares aseguró que tiene representación aquí en la Isla.

Los cambios suscritos en el acuerdo se supone que se cumplan en el transcurso de uno a cinco años, según disponen los tres acuerdos que globalmente comprenden 83 páginas y honorarios legales ascendentes a $156,000.

 En términos generales, las mejoras a las instalaciones se tratan de reparaciones en baños, rampas, boleterías, entradas y estacionamientos, además de reclutar a un coordinador de ley ADA y mejorar los sistemas de comunicación como con la contratación de un traductor de lenguaje de señas, proveer subtítulos para sordos en instalación municipal con monitores y un número telefónico especial “TTY”, entre otros.

 San Juan se compromete a hacer mejoras en el coliseo Roberto Clemente, el estadio Hiram Bithorn, el Parque Central, el Hospital de San Juan, el coliseíto Pedrín Zorrilla, la Casa Alcaldía y la Plaza del Mercado.

 Mientras en Guaynabo las mejoras serían en la Casa Alcaldía y su anexo, en el coliseo Mario “Quijote” Morales, en el Paraíso Recreacional Mario Jiménez. Quebradillas -un municipio con grandes limitaciones económicas- se comprometió a hacer mejoras en rampas, aceras y en los accesos a servicios de transportación pública.

El acuerdo de San Juan se realizó en octubre de 2006 ante el juez Gustavo Gelpí. El de Guaynabo, en agosto de 2005, ante el juez Daniel Domínguez. Quebradillas los suscribió en junio de 2005 ante el juez José A. Fusté.

Los acuerdos salieron a relucir en medio de una demanda similar presentada en julio por la Oficina del Procurador de Personas con Impedidos contra el Municipio de San Juan y el gobierno central por presunto incumplimiento de la leyes federales que protegen a esta población.



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