15 de marzo de 2007

Derecho a la seguridad, a ser informado, a elegir y a ser escuchado, las cuatro premisas básicas del consumidor fueron enunciadas por primera vez el 15 de marzo de 1962 por Kennedy, ante el Parlamento de su país. 

Fue por ese gesto que en 1985, las Naciones Unidas instauraron la fecha como Día Mundial.

El 15 de marzo de 1962, en un célebre discurso ante el Parlamento, el presidente de los Estados Unidos John F. Kennedy, enunció por
primera vez las cuatro premisas básicas del consumidor: derecho a la seguridad, a ser informado, a elegir y a ser escuchado.

"Por definición, consumidores nos incluye a todos" -dijo Kennedy-. Ellos son el grupo económico más numeroso, que afecta y es afectado por casi todas las decisiones económicas públicas y privadas. Pero ellos son todavía el único grupo importante cuyas opiniones con frecuencia no son escuchadas".

En memoria de aquel gesto, en 1985, Naciones Unidas (ONU) instituyó el 15 de marzo como Día Mundial de los Derechos del Consumidor e impulsó la legislación de defensa en los países.

A aquellos cuatro derechos básicos, se añadieron el derecho a la satisfacción de las necesidades básicas, a la reparación, a la educación y a un medio ambiente saludable.

La premisa actual es: "un consumidor bien informado es un consumidor bien defendido".

Los derechos de los consumidores están contenidos en las Directrices sobre Defensa del Consumidor aprobadas por la ONU, lo que los elevó a una posición de reconocimiento internacional, tanto en los países desarrollados como en los más pobres, hasta el punto de que fueron integrándose a las Constituciones y legislaciones de los diferentes países.

En la Argentina, la reforma de 1994 de la Constitución Nacional, incorporó en su artículo 42 los derechos de consumidores y usuarios, y ordenó la creación de instituciones y marcos regulatorios para la defensa de esos derechos.

Algunos de ellos son: protección de la salud y de los intereses económicos de los consumidores; derecho a la información completa y veraz, a la libertad de elección, a condiciones de trato equitativo y digno, y a la educación para el consumo.

El Estado también tomó para sí la responsabilidad de defender la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, de controlar los monopolios naturales y legales, y de asegurar la calidad y eficiencia de los servicios públicos.

Entre las directrices de Naciones Unidas sobre defensa del consumidor, se indica que "los gobiernos deben adoptar medidas para garantizar que los productos sean inocuos para el uso al que se destinan o el normalmente previsible". También, que "se deben facilitar a los consumidores instrucciones sobre el uso adecuado de los artículos, e información sobre los riesgos que entraña".

Aunque Kennedy fue el primer mandatario que se manifestó públicamente a favor del consumidor, los primeros movimientos de defensa se remontan a 1843, cuando florecieron en Inglaterra las cooperativas de consumo.

Sin embargo, hubo que esperar hasta 1900 para que en Francia se registrara el primer movimiento organizado de consumidores: ese año los parisinos se pusieron en pie de guerra para lograr la liberalización de la importación de trigo.

A partir de allí diversos grupos sociales, religiosos y políticos comenzaron a plantear ciertas reivindicaciones como la la canasta familiar y la congelación o control de precios.

En 1920, en los Estados Unidos surgió el primer movimiento organizado de consumidores del mundo: la Consumer Unión. La queja de dos encargados de compras, que difundieron por qué el Gobierno compraba mal (sólo licitaba precio, sin exigir calidad, ni cumplimiento de stándares y ni rendimiento) encendió la mecha.

El tema de la calidad y la responsabilidad cobró impulso en Europa tras la II Guerra Mundial y llegó a América latina y Asia entre los años 70 y 80: y en los 90 a Africa y Europa del Este.

Así, poco a poco, se fue entendiendo que en las sociedades donde prima el libre mercado, existe un marcado desequilibrio social entre el productor y el consumidor, en cuanto a capacidad económica, conocimientos técnicos y científicos, manejo de
influencia y poder de negociación.

La respuesta a este estado de cosas fue el concepto moderno de la economía social de mercado, donde el consumidor asume su rol y representación y hace valer sus derechos: no se trata simplemente de consumir, sino de ser racionales, capaces de adquirir cosas de calidad apropiada, que no afecten su salud ni su presupuesto.

Para esto, además de la legislación, está el sentido común.