29 de marzo de 2007

Por: La Opinion

Los estudiantes universitarios podrían encontrar el próximo año un alivio a los altos precios y constantes aumentos de los libros de texto, si la propuesta AB1548, presentada por el asambleísta demócrata de Anaheim, José Solorio, logra su cometido, tras ser aprobada por el Comité de Educación Superior de la Asamblea.
La medida, aprobada por cinco votos a favor y dos en contra, prohibiría la venta de cualquier libro de texto en los campus de las universidades públicas hasta que los editores cumplan ciertos requisitos de transparencia, entre los cuales figuran la divulgación de la diferencia en los precios de los libros con materiales, como discos compactos y cuadernos de trabajo, así como los que no los incluyen.
Actualmente los estudiantes universitarios gastan un promedio de mil dólares por año en libros de texto, según el reporte de la Oficina de Contraloría del Gobierno (GAO).
Además, esta investigación revela que los precios de los libros de texto se han incrementado en un 186% entre 1986 y 2004, casi el triple de la tasa de inflación sobre el mismo período.
De acuerdo con Solorio, el promedio del costo de un libro de texto es de 102 dólares.
Normalmente los libros con discos compactos y cuadernillos de trabajo son más caros, y en muchas ocasiones son complementos que nunca se usan en las clases.
La propuesta de Solorio obligaría a publicar las diferencias en precios entre las nuevas ediciones y las anteriores.
Asimismo, exigiría dar a conocer por cuánto tiempo estarían disponibles las nuevas ediciones de los libros de texto.
Y lo más importante es que forzaría a revelar las posibles compensaciones que se dan a maestros o administradores por adoptar libros de texto en las universidades.
"Esta ley no prohíbe que los editores tengan ganancias, sino simplemente requiere transparencia en la información de los libros de texto. Y si no hay nada malo, no debería haber nada qué esconder", estableció Solorio durante una conferencia de prensa.
Agregó que se siente complacido de que se esté dando un primer paso para proteger las finanzas de los estudiantes que representan el futuro de California.
"Muchos de nuestros estudiantes enfrentan tremendos obstáculos financieros para ir a la universidad, incluyendo los costos de los libros", señaló.
En la práctica, lo que su propuesta haría si se convierte en ley, es ayudar a los muchachos a que tomen rápidas decisiones de dónde les conviene más comprar sus libros.
Sthephen Rhoads, representante de los editores, dijo que apoyaba la propuesta de Solorio pero bajo ciertas enmiendas.
En realidad, observó, la mayor ganancia por la venta de libros de texto se la llevan los propietarios de las librerías ubicadas en las universidades públicas y colegios comunitarios, no los editores.
Mostró estadísticas de 2004, recopiladas por la Asociación Nacional de Tiendas de las Universidades, que revelan que en los libros nuevos con un valor de cien dólares, 25 corresponden al vendedor, mientras que el editor sólo obtiene entre el 4% y 5%. Es decir, cinco dólares.
Entre las sugerencias que los editores tienen para la medida de Solorio destacan reducir el margen de ganancia entre la venta al mayoreo y la venta al estudiante. Estos altos márgenes están haciendo que el estudiante se vuelque hacia internet para comprar sus libros, indicaron.
Germán Nafarrate, estudiante de la Universidad Estatal de California en Chico, aplaudió la medida de Solorio, pues en su opinión "los precios de los libros son un robo y un abuso total".
Hizo ver que se comenta entre los estudiantes que, como los maestros ganan poco, en algunas ocasiones reciben comisiones por pedir ciertos libros a los alumnos.
"El problema es que nunca terminamos de leer esos libros y a veces ni los usamos. Y los maestros siempre piden las ediciones más nuevas. Creo que con libros más baratos podríamos hasta aprender más", acotó.
Brian M. Rivas, director legislativo de la Universidad de California, observó que aunque no han tomado una posición en relación con la propuesta de Solorio, les preocupa que puedan enfrentar demandas civiles cuando algunos editores no llenen los requerimientos planteados en la medida.
La propuesta va ahora rumbo al Comité Judicial de la Asamblea.