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  Por el libro

25 de junio de 2007

Por: El Vocero


El juez superior de San Juan Carlos Dávila Vélez declaró "no a lugar" la solicitud de un interdicto preliminar y uno permanente de la empresa multinivel Wealth Pools International (WPI) contra Doctorshoper.com.

No obstante, la demanda de $1 millón por daños y perjuicios contra el servicio de orientación a los consumidores continúa viéndose en el Tribunal de San Juan. "El caso está vivo y esperamos que ya Doctorshoper deje de decir todas esas cosas falsas", puntualizó Marcelino Alcalá, representante legal de WPI en Puerto Rico.

En el pedido de cese y desista, que fue denegado el pasado miércoles, la compañía alega que el presidente de Doctorshoper.com, Gilberto Arvelo, incurrió en prácticas de libelo y difamación en sus comunicaciones -difundidas por diversos medios desde enero- al señalar que operan un esquema "piramidal disfrazado de multinivel". El juez resolvió a favor de Doctorshoper, amparándose en el derecho a la libre expresión.

Arvelo afirmó que WPI utilizó esta acción legal para intimidarlos y "desviar la atención del problema real, que es que los bancos en la Isla les han cerrado sus cuentas, que el reclutamiento de nuevos asociados está prácticamente paralizado y existe preocupación por parte de las personas que ya han invertido en el negocio de no ver sus ingresos prometidos".

Alcalá expresó que la "campaña difamatoria" incluye informar erróneamente que WPI está insolvente, cuando "la cuenta de R-G que se cerró tenía un balance de $3.7 millones cuando fui a recoger el cheque de cierre".

Por su parte, Peter John Porrata, abogado de Doctorshoper.com, declaró que "se vio bien claro en el tribunal que la intención de WPI era silenciar al señor Arvelo y a los consumidores que él representa".

En el caso civil KPE 2007-2482, Arvelo indicó que su investigación sobre la compañía respondió a las quejas de varios ciudadanos recibidas a través de correo electrónico y que mucha de la información inicial que utilizaron fue suministrada por ellos. Además, reiteró que Robert Lane, presidente de WPI, tiene "un historial delictivo desde el 1977 en este tipo de esquemas fraudulentos".

El Departamento de Asuntos del Consumidor también ha advertido sobre irregularidades en la operación de WPI en Florida.

La empresa, por su parte, ha asegurado que paga comisiones a sus socios por las ventas de productos que hacen y no por reclutar personas, y contrató al economista Ramón Cao para que realizara un estudio sobre la viabilidad de su operación multiniveles, cuyos resultados esperan publicar en agosto.


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