6 de agosto de 2007

Por: El Nuevo Dia

En aras de garantizar la continuidad de los tratamientos de los pacientes, la procuradora del Paciente, Luz Teresa Amador, comenzará a visitar hoy las oficinas de los médicos acusados de obtener sus licencias de manera fraudulenta.
La funcionaria acudirá a las oficinas de los galenos o de los grupos médicos conocidos como IPA para orientar a los pacientes que posiblemente estén allí sobre su derecho a exigir que se le entregue su expediente y a que las aseguradoras les permitan cambiar de doctor inmediatamente.
Sorprendidos
52
cantidad de los 88 médicos arrestados que daba servicios en los programas Medicare Advantage
“Una vez seleccionado el médico por el paciente, la aseguradora tendrá que garantizar la disponibilidad inmediata de todos los servicios de salud sin restricción administrativa alguna, especialmente la terapia de medicamentos, debido a la crisis que enfrentan miles de pacientes en este momento”, informó la Procuradora en un comunicado de prensa.
Amador advirtió que aquellas aseguradoras que no establezcan los mecanismos necesarios para que los pacientes reciban sus medicamentos y servicios de salud cuando los necesiten serán multados por violar la Carta de Derechos del Paciente.
“Instruí a mis abogados a emitir órdenes de acción inmediata cuando se presente una querella en la cual se le deniegue los medicamentos o cualquier otro servicio que atente contra la salud del paciente”, expresó.
Indicó que la Procuraduría multará también a los médicos acusados que no tengan disponible el expediente para entregarlo al paciente.
Amador dijo que todos los pacientes que interesen conocer a fondo sus derechos o presentar una querella deben comunicarse con su oficina al (787) 977-1100 si es del área metropolitana, o al 1-800-981-0031 en la Isla.
Ochenta y ocho médicos que laboran en distintas instalaciones alrededor de la Isla fueron acusados la semana pasada por las autoridades federales por presuntamente participar en un esquema de falsificación de resultados de reválidas que les permitía obtener sus licencias para ejercer la medicina en Puerto Rico de manera fraudulenta.
El esquema de falsificación de licencias se gestó con la colaboración de personal del Tribunal Examinador de Médicos (TEM), entre los que figuró el ex director ejecutivo Pablo Valentín.